La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón y el comisionado residente Pablo José Hernández unieron esfuerzos en la capital federal con el fin de que se logre la transición de la isla al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés).
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Los funcionarios sostuvieron reuniones con miembros del Congreso, jefes de agencias federales y organizaciones clave. Ambos hicieron la presentación de la medida frente al Congreso.
“Hoy estamos aquí en el Congreso de los Estados Unidos presentando un proyecto para transicionar del programa del PAN al programa de SNAP. El programa de SNAP representaría más fondos para las personas que hoy reciben el PAN y este es un proyecto bipartita que cuenta con respaldo de congresistas demócratas y republicanos. Es un proyecto que cuenta con el respaldo de la gobernadora Jenniffer González Colón, quien me honra con su presencia hoy, y es un proyecto que cuenta con el reconocimiento de que el hambre no tienezip code, de que el hambre no tiene identificación partidista, de que el hambre no es demócrata ni republicano, ni popular ni penepé, sino que es un problema que merece ser atendido y que merece serresuelto”, dijo Hernández Rivera en conferencia de prensa.
“Para nosotros los puertorriqueños, el asunto de la transición del programa del PAN al SNAP es vital. Esto no es un asunto que divida al comisionado y a mí como gobernadora. Esto estuvo en la plataforma de gobierno de nuestro partido y, como comisionada residente, continuamente radicamos este mismo proyecto. La única provisión que cambia, y que estamos de acuerdo con el comisionado en este proyecto, es que añade, en vez de cinco años, el periodo de transición del Gobierno de Puerto Rico a este programa a diez años, lo que permitiría una transición de balance para el Gobierno federal”, expresó por su parte González Colón.
Según se indicó mediante un comunicado de prensa, actualmente, más de 1.2 millones de residentes en la isla reciben ayuda a través del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), una subvención en bloque que, a diferencia de SNAP, ofrece “beneficios limitados y carece de herramientas robustas para el desarrollo económico y la respuesta ante desastres”.
La administración actual ha insistido en que la transición a SNAP representaría un “aumento significativo en la calidad y alcance de la asistencia nutricional”.
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“Estamos trabajando diligentemente para preparar a Puerto Rico lo mejor posible. Mi administración continuará fortaleciendo las políticas necesarias para lograr un modelo sostenible que beneficie a nuestras familias”, expresó la gobernadora.
El nuevo proyecto de ley presentado por el comisionado residente, la reintroducción de la Ley de Equidad en la Asistencia Nutricional de Puerto Rico propone una transición estructurada de 10 años, lo que permitiría al gobierno local y al Departamento de Agricultura de EE. UU. implementar el cambio sin afectar el presupuesto federal a corto plazo.
“Esto elimina el principal obstáculo que enfrentábamos: el costo proyectado en un periodo de cinco años”, explicó el comisionado residente, Pablo José Hernández.
Por su parte, la gobernadora destacó que ya se han iniciado esfuerzos para preparar al personal del Departamento de la Familia y de ADSEF, incluyendo capacitaciones en distintos estados de EE. UU. “Estamos en la misma página. Esta no es una iniciativa nueva. Hemos trabajado para reducir el margen de error y mejorar la infraestructura tecnológica y operativa que requiere SNAP. Puerto Rico estará listo mucho antes de los 10 años”, afirmó.
Actualmente, el PAN representa una inversión federal de $2.9 mil millones anuales en la isla. Con la transición a SNAP, se estima que el beneficio podría aumentar en aproximadamente $1 mil millones adicionales por año, sin representar un gasto inmediato para el gobierno federal gracias a la planificación escalonada.