La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado informó que el proceso para mediar entre LUMA Energy y el Gobierno de Puerto Rico implicaría el uso de fondos públicos, sin conocerse el costo, la duración del procedimiento ni si permitirá cancelar el contrato de operación y mantenimiento.
El senador José Luis Dalmau explicó que, según la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), “si se acude a un experto independiente, ese costo saldrá del presupuesto de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y lo pagará el pueblo”. Señaló que LUMA considera las disputas solo diferencias operativas, mientras que la AAPP las clasifica como técnicas y de posible mal uso de fondos federales, lo que requiere intervención de un experto.
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El portavoz Luis Javier Hernández Ortiz indicó que el Senado aprobó la Petición de Información número 2025-0101 para conocer el alcance del proceso iniciado tras la notificación de disputas cursada en julio bajo el artículo 15 del contrato con LUMA. Hernández Ortiz afirmó que “el País pagará nuevamente de su bolsillo lo que cueste este mediador o árbitro”.
La portavoz alterna Marially González Huertas señaló que los senadores buscaban detalles sobre la contratación del árbitro y la fuente de los fondos. Según la AAPP, el proceso está detenido mientras LUMA presentó un caso ante la jueza Swain sobre los señalamientos del Gobierno.
La senadora Ada Álvarez Conde planteó que el costo del mediador “se transferiría al consumidor” y precisó que la AAPP no identificó una partida específica más allá de su presupuesto. Explicó que solo si el experto independiente resolviera la disputa a favor del Gobierno, este no tendría que pagar; de lo contrario, la AAPP asumiría el gasto.
El senador Josian Santiago, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, cuestionó qué ocurriría si la disputa no se resolviera a favor de ninguna de las partes y quién determinaría cómo se cobraría el servicio o cómo se distribuirían los fondos. Señaló que estos detalles, incluido el costo total del proceso, aún no están definidos, y pidió claridad al Zar de la Energía y a la gobernadora sobre los gastos asociados a la contratación del mediador.
El procedimiento denominado Expert Technical Determination Procedure for Technical Disputes funcionaría como mediador o árbitro entre el Gobierno y LUMA Energy tras concluir el periodo de negociación de 30 días iniciado en julio.