La vicepresidenta del Senado, Marissa “Marissita” Jiménez, denunció que la propuesta de destinar por un año los fondos del llamado “barrilito” al retiro de la Policía representaría un “golpe mortal” a las organizaciones sin fines de lucro que dependen de esas asignaciones para brindar servicios comunitarios.
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“Todos apoyamos a nuestros policías y un retiro digno para esos hombres y mujeres que tanto sacrifican por el Pueblo, pero la idea de la Senadora Rodríguez Veve equivale a sacarle dinero a entidades sin fines de lucro que hacen labor comunitaria que el gobierno, en muchos casos, no puede hacer y eso sería un golpe mortal para esas organizaciones”, expresó la senadora por el Distrito de Carolina.
Jiménez defendió el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes, que se nutre de los fondos del Fondo de Mejoras Municipales, mejor conocido como “barrilito”. Según sostuvo, esta herramienta ha permitido a miles de personas en comunidades de bajos recursos acceder a mejoras como sistemas de agua, techos seguros o instalaciones comunitarias.
“Aquellos que hoy buscan destruirlo, les exhorto a visitar a las comunidades desventajadas en Puerto Rico para que observen, con sus propios ojos, el impacto que ha tenido el mismo y cómo mejoran la calidad de vida de los ciudadanos”, añadió.
La legisladora también resaltó que la Ley 173-2020, que regula el uso de este dinero, introdujo mayores parámetros de fiscalización, al contar con revisiones por parte de la Autoridad de Tierras, el Departamento de Agricultura, el Departamento de Hacienda y el propio programa.
“Existen cuatro filtros de revisión y supervisión”, subrayó.
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Las expresiones de Jiménez surgieron tras la radicación de una resolución por parte de la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, para asignar temporalmente esos fondos al Fideicomiso para el Retiro de la Policía.
Aunque la medida recibió respaldo de gremios de la Uniformada, fue rechazada por los principales portavoces del Senado, incluyendo al presidente Thomas Rivera Schatz, quien la catalogó como “altamente politiquera”.
El “barrilito” mueve cerca de $30 millones anuales provenientes de una porción del IVU
y se ha convertido en uno de los temas más controversiales del Capitolio, pues su uso depende de las decisiones de los legisladores por distrito.