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Gobernadora realiza nombramientos para la rama judicial

Las nominaciones realizadas por la gobernadora deben ser aprobadas por el Senado

La gobernadora, Jennifer Gonzalez Colón. Presentación del CEO del DMO Discover Puerto Rico,  Jorge L. Pérez.
Jenniffer González Colón/Gobernadora de Puerto Rico. La primera ejecutiva en conferencia de prensa (Foto de Archivo) (Dennis A. Jones)

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La gobernadora, Jenniffer González Colón, radicó ante el Senado una serie de nominaciones para la rama judicial.

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Entre los nombramientos que deben ser considerados en el Senado de Puerto Rico, se encuentran el de la jueza superior del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, la licenciada Germaine Báez Fernández.

Mientras que los nombramientos que hizo la gobernadora para el Departamento de Justicia fueron: para el puesto de Fiscal Auxiliar III nominó a la licenciada Yolanda Pitino Acevedo; para Fiscal Auxiliar I nominó a la licenciada Daniela Mejías Burgos; y como Fiscal Auxiliar I al licenciado Gabriel Joaquín Rosa Carrasquillo.

Gobernadora rechaza propuesta para crear el cargo de vicegobernador

La gobernadora expresó esta semana que no favorece una enmienda a la Constitución para crear el cargo de vicegobernador.

“En la (Asamblea) Constituyente se dijo que no, porque era un gasto y no tenía funciones inherentes a su cargo, así que además esto es un asunto que no es programático esto no se le prometió al pueblo de Puerto Rico en la pasada elección esto no constituyó parte de la plataforma que el PNP le ofreció al pueblo de Puerto Rico. No, yo no estoy de acuerdo como no lo estuve en el pasado cuando estuve en la Legislatura”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

El representante popular José “Conny” Varela y el nuevoprogresista, José “Pichy” Torres Zamora, radicaron una medida legislativa para que se cree en Puerto Rico la posición de vicegobernador electo por el voto directo del pueblo.

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De aprobarse la resolución concurrente, se sometería a los electores en referéndum la pregunta de si debe elegirse un vicegobernador, quien tendría que ser miembro del mismo partido que el gobernador. En el caso de candidaturas independientes a gobernador, el candidato debería nombrar a su vez un compañero de papeleta para el puesto devicegobernador.

“Luego de la crisis que confrontamos en el 2019, al renunciar el gobernador Ricardo Rosselló y no existir un secretario de estado confirmado por el Senado, se hizo patente la necesidad de garantizar que la sucesión al cargo de gobernador sea un proceso rápido y sin contratiempos. La experiencia durante el verano del 2019 fue que, al convertirse en gobernadora la secretaria de justicia, quien no había sido evaluada por los votantes ni electa para puesto alguno, vimos la necesidad de garantizar que quien ocupe la gobernación sea evaluado por los votantes, y esté comprometido con el programa del partido que lo eligió”, señaló Varela, quien ocupó el cargo de vicepresidente de la Cámara de Representantes el pasado cuatrienio.

Por su parte, el actual portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, José “Pichy” Torres Zamora, manifestó estar “convencido de que la creación del cargo de vicegobernador electo junto al cargo de gobernador es necesario para atemperar la Constitución a los tiempos que vivimos. De tener el cargo de gobernador vacante, el pueblo se sentiría más tranquilo al saber que el sucesor es una persona que también pasó por el rigor de una elección, además de que se podría evaluar la posibilidad de separar la elección del comisionado residente en una papeleta única”.

La enmienda propuesta le asignaría al vicegobernador electo la dirección del Departamento de Estado, junto con todos los poderes y deberes que éste ejerce, así como cualquier otro deber o función que le asigne el gobernador. La elección del vicegobernador colocaría a Puerto Rico en igual condición que, al menos, 42 estados de los Estados Unidos en los que se eligen vicegobernadores. De aprobarse la resolución concurrente propuesta, la enmienda se le sometería al pueblo en un referéndum a llevarse a cabo no más tarde del 31 de diciembre de 2026.

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