El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos rechazó este martes el proyecto de ley aprobado por el Parlamento de Burkina Faso que castiga las relaciones entre personas del mismo sexo con penas de hasta cinco años de prisión.
“El proyecto de ley anti-LGBTQ aprobado por el Parlamento burkinés es profundamente preocupante. Contraviene varios tratados de Derechos Humanos que Burkina Faso ha ratificado y no debe promulgarse”, afirmó el portavoz del organismo, Seif Magango, en declaraciones a Europa Press.
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Añadió que “todas las personas, sin distinción, tienen derecho a disfrutar de todos los Derechos Humanos, incluido el derecho a la privacidad, a ser tratadas como iguales ante la ley y a estar protegidas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género”.
Amnistía Internacional pide revisión del texto
Por su parte, la ONG Amnistía Internacional (AI) calificó la criminalización de relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo como “un retroceso alarmante que socava disposiciones progresistas del nuevo Código de la Persona y de la Familia”. Su director regional para África Occidental y Central, Marceau Sivieude, solicitó al presidente de transición, Ibrahim Traoré, que remita el documento al Parlamento para su revisión antes de la promulgación.
Sivieude subrayó que la criminalización “genera discriminación y viola el derecho a la igualdad ante la ley” y contraviene tanto la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos ratificados por Burkina Faso.
No obstante, Amnistía destacó medidas progresistas incluidas en el código, como establecer los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio y requerir consentimiento mutuo, protegiendo así a los menores de matrimonios precoces y forzados. También celebró la eliminación de la discriminación de género en los derechos sucesorios, considerándolo “un hito importante en la protección de los derechos de niños y mujeres”.
El nuevo Código de la Persona y de la Familia, aprobado por unanimidad por la Asamblea Legislativa de Transición, establece que “los comportamientos que puedan promover prácticas homosexuales y similares” serán castigados con **prisión de 2 a 5 años y multas de 3,000 a 15,000 dólares”.