La Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) se manifestó en contra de cualquier medida legislativa que busque decretar una amnistía en las contribuciones sobre la propiedad, al considerar que afectaría los recaudos de los municipios y sería injusta para los contribuyentes que cumplen a tiempo.
La postura quedó plasmada en una resolución aprobada de forma unánime durante la reunión mensual del organismo, celebrada en Ponce.
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“En este momento estamos en contra de cualquier amnistía que se proponga, ya que representaría menos ingresos para los municipios y sería una injusticia para aquellos contribuyentes que tienen sus cuentas al día”, expresó el presidente del CRIM y alcalde de Orocovis, Jesús E. Colón Berlingeri.
En la misma línea se pronunció el director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua Látimer, quien recordó que en años recientes se implementó una amnistía contributiva y que la Junta de Control Fiscal tampoco avalaría una nueva medida de este tipo.
Además, el organismo inició hoy una serie de reuniones regionales con el fin de integrar a los alcaldes en el plan de trabajo dirigido a cumplir con el plan fiscal certificado y aumentar los recaudos. La primera de estas visitas se llevó a cabo en la región de Ponce, donde participaron representantes de los 11 municipios que la componen: Adjuntas, Guánica, Yauco, Jayuya, Guayanilla, Peñuelas, Juana Díaz, Villalba, Santa Isabel, Coamo y Ponce.
Durante el encuentro se discutieron iniciativas para optimizar procesos con apoyo tecnológico en tasación y cartografía, así como la posibilidad de asignar fondos adicionales para contratar más tasadores, cartógrafos y personal de cobro.
“Esperamos que conozcan de primera mano lo que estamos haciendo y podamos trabajar de manera conjunta, dado que muchos municipios también tienen oficinas propias para atender asuntos relacionados a las propiedades”, añadió Paniagua Látimer.
Discutieron impuesto al inventario
El presidente de la Junta del CRIM también adelantó que se evaluó una medida legislativa en el Senado que busca congelar por tres años el arbitrio sobre inventario, un impuesto que actualmente representa $318 millones para los municipios.