El superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, respondió este miércoles a cuestionamientos sobre si la exgobernadora Wanda Vázquez Garced continuará recibiendo servicios de seguridad y escolta, luego de admitir culpabilidad en un caso federal de corrupción.
“Como es de conocimiento público, desde el 2017 la Oficina de Seguridad y Protección, encargada de la protección de funcionarios y exfuncionarios, estuvo adscrita al Departamento de Seguridad Pública (DSP). Sin embargo, el pasado 11 de agosto, a tenor con lo dispuesto en la Ley 83 de 2025, que separó a la Policía de Puerto Rico del DSP, solicité que dicha oficina regresara a la Uniformada. Dentro de este proceso de transición, entre las políticas, reglamentos y órdenes que he instruido que se revisen, está el concerniente a los servicios de seguridad y protección a exfuncionarios", dijo en declaraciones escritas.
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González añadió que la División Legal de la Uniformada está evaluando el caso y que una vez reciba el informe tomará una determinación.
"Tan pronto culmine este proceso, procurando la misma transparencia de siempre con el pueblo de Puerto Rico, lo comunicaré públicamente“, añadió.
La exmandataria se convirtió en la primera exgobernadora convicta en la historia de Puerto Rico, tras aceptar culpabilidad por un delito menor bajo la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA), como parte de un acuerdo negociado con la fiscalía federal en Washington DC que permitió descartar cargos más graves.
El cargo específico fue aceptar y recibir aportaciones de un extranjero para fines de campaña política, lo cual está prohibido por la FECA.
Como parte del proceso, también se declararon culpables sus coacusados, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente del FBI Mark Rossini, quienes admitieron responsabilidad por canalizar y ofrecer aportaciones extranjeras ilegales a campañas políticas, en violación a la misma ley.
La vista de sentencia contra la exgobernadora fue pautada para el 15 de octubre. Con este resultado, Vázquez se convierte en la primera exmandataria convicta en la historia del País, un hecho que marca un precedente en la política local.