El debate sobre la energía nuclear ha vuelto a colocarse sobre la mesa tras una nueva iniciativa legislativa que se suma al interés de sectores técnicos y económicos que defienden evaluarla como alternativa a la crisis energética.
El representante novoprogresista Gabriel Rodríguez Aguiló presentó, este mes, una resolución para investigar la viabilidad de establecer, en la, isla plantas nucleares modulares. Explicó que la iniciativa responde al respaldo de ingenieros puertorriqueños formados en el Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPRM), actualmente empleados en centrales nucleares en Estados Unidos y organizados bajo The Nuclear Alternative Project (NAP). “No es un proyecto inmediato, pero queremos abrir el debate con base en estudios ya existentes”, afirmó el legislador.
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“Soy de los que creen que, en las crisis, hay oportunidades. Tenemos una crisis energética no solo con la distribución y el mantenimiento de las líneas, sino también con la generación. A través de los años, hemos visto cómo múltiples proyectos no llegan a concretarse”, añadió.
La medida cuenta con el respaldo de otros coautores, entre estos, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.
Otra figura que trajo el tema recientemente a la discusión pública fue Justin Peterson, exmiembro de la Junta de Supervisión Fiscal, quien, en una columna en The Daily Caller, propuso desarrollar una infraestructura energética basada en gas natural y pequeñas plantas nucleares modulares (SMRs, en inglés).
Desde el gobierno, la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Mary Carmen Zapata, ha expresado que, como ingeniera, está abierta a evaluar todas las alternativas energéticas. No obstante, aclaró que esta postura no representa una política institucional, y recordó que la gobernadora Jenniffer González ha sido clara en descartar el análisis de esta posibilidad.
En el ámbito técnico, las posturas están divididas. Juan Alicea Flores, expresidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores (CIAPR) y exdirector ejecutivo de la AEE, recordó que, en la década de 1960, Puerto Rico tuvo una planta piloto nuclear en Rincón. Destacó que hoy existen diseños modulares más seguros y de construcción rápida.
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“Hubo una orden ejecutiva durante el gobierno de Pedro Rosselló que descartaba el uso de energía nuclear, pero ya se adoptó una política energética que va por encima de esa orden. Como país deberíamos mirarla de nuevo; creo que es un complemento a la energía renovable”, sostuvo.
Por su parte, el ingeniero Iván Nicolau Nín, también expresidente del CIAPR, coincidió en que el futuro energético del país obliga a reabrir el debate. Con la electrificación del transporte y la digitalización en aumento, advirtió que la isla necesitará triplicar su capacidad de generación, y las renovables no serán suficientes. “La única manera —y lo digo con franqueza— es con generación nuclear de cuarta generación, no hay otra”, afirmó.
Nicolau Nín destacó que, en estados como Florida, donde se combinan plantas nucleares con gas natural, las tarifas rondan los 15 centavos por kilovatio hora, con costos de producción de alrededor de 7 centavos. Ambos ingenieros coincidieron en que la discusión debe centrarse en la ciencia, no en intereses políticos o ideológicos. Alicea Flores insistió en que, antes de considerar cualquier tecnología, se debe modernizar la red eléctrica, aún operada manualmente, lo que genera problemas de voltaje y dificulta la integración de nuevas fuentes.
Desde la academia, el catedrático de la UPRM y experto en sistemas eléctricos Agustín Irizarry Rivera sostuvo una postura opuesta: “Es la peor opción energética para Puerto Rico”. Según este, los proyectos nucleares son excesivamente costosos. “No conozco ni un solo proyecto en Estados Unidos que no haya triplicado su presupuesto original”, indicó.
También rechazó la idea de que las plantas modulares representen una solución viable. “La energía nuclear es la más costosa del planeta. Ese cuento de que es barata es falso. Está altamente subsidiada. Si no lo paga el gobierno federal, lo absorbe el local. Es una mala idea”, argumentó.
Irizarry Rivera alertó sobre las implicaciones sociales y ambientales de esta tecnología. Recordó que la planta piloto de Rincón se construyó en el punto más alejado de La Fortaleza, y citó estudios en Estados Unidos que documentan cómo las rutas de transporte de residuos radiactivos atraviesan comunidades pobres.
“El combustible nuclear es lo más contaminante que existe. ¿Qué haces con eso? ¿Lo entierras? ¿Y quién lo va a custodiar por 3,000 años?”, planteó. Agregó que, en Puerto Rico, no hay personal capacitado para fiscalizar este tipo de operación, lo que expondría al país a riesgos técnicos, regulatorios y de seguridad.