La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) solicitó al Tribunal Federal de Puerto Rico que se detenga el litigio principal que continúa activo en la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), relacionado con el reclamo de los bonistas para que sus deudas se reconozcan como “gastos administrativos”.
La petición surge en un informe sometido ayer 25 de agosto de 2025, en respuesta a la orden de la jueza Laura Taylor Swain, quien había requerido que la JSF explicara cómo la reciente destitución de seis de sus miembros afectaba su capacidad de participar en los procesos bajo PROMESA.
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Actualmente, la Junta cuenta únicamente con John E. Nixon como miembro activo, tras la remoción a principios de agosto de Arthur J. González, Cameron McKenzie, Betty A. Rosa, Juan A. Sabater y Luis A. Ubiñas, todos designados bajo la administración demócrata, y la posterior salida del republicano Andrew G. Biggs.
El pleito clave en la quiebra de la AEE
El litigio en cuestión se centra en la moción de los bonistas para que se les otorgue la categoría de gasto administrativo, lo que les daría prioridad de pago en la quiebra. La vista se celebró el 23 de julio y está pendiente de determinación.
En esa audiencia, se discutió si la AEE y la JSF desviaron los ingresos netos —fondos que sobran tras cubrir gastos operacionales— para usos distintos al pago de la deuda, como mejoras de capital o subsidios a municipios. Según los acreedores, esa práctica constituye una incautación inconstitucional de su propiedad o, en la alternativa, un daño intencional ocurrido tras la radicación de la quiebra.
De prosperar sus argumentos, el reclamo pasaría “al frente de la fila”, obligando a pagar con prioridad. Para los expertos, esta determinación puede marcar la diferencia entre una reestructuración viable de la corporación pública o un colapso prolongado de sus finanzas.
La jueza Swain, sin embargo, dejó entrever que aún existen cuestiones de hecho por resolver, incluyendo cuánto dinero fue desviado y con qué propósito, lo que añade complejidad al proceso.
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Posturas encontradas
Mientras los bonistas sostienen que no debe continuar el litigio hasta que se recomponga la Junta, el Comité de Acreedores No Asegurados ha planteado que el proceso debe seguir adelante, ya que sus objeciones a los reclamos no dependen de la composición del organismo.
La JSF reconoció en su informe que, bajo PROMESA, tiene la autoridad legal para litigar aun con un solo miembro. Sin embargo, expresó que su “preferencia es pausar” el pleito de los bonistas hasta que se designen nuevos integrantes, dejando en manos del Tribunal la decisión final.
La controversia ocurre en medio de una fuerte tensión política. A inicios de agosto, el presidente Donald Trump destituyó a cinco de los siete integrantes de la Junta alegando secretismo, gasto excesivo en consultoras y abogados, y sueldos exorbitantes en el organismo. Con esa movida, la JSF quedó inicialmente bajo control de dos republicanos, hasta que días después también se informó la salida de Biggs, dejando como único miembro activo a Nixon.
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Creada en 2016 durante la presidencia de Barack Obama, la Junta Fiscal ha liderado el proceso de reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, considerada la mayor bancarrota municipal en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, ha sido objeto de fuertes críticas tanto por su costo millonario como por su impacto en decisiones fiscales, de pensiones y en el sistema eléctrico del país.
En mayo pasado, la Junta sostuvo que los reclamos de un grupo de bonistas —a quienes describen como “fondos de cobertura que no representan a todos los acreedores”— se basan en exigir el pago total de la deuda de la AEE, una cifra que, incluyendo intereses, asciende a unos $12,000 millones. Para satisfacer esa demanda, advirtió la Junta, sería necesario imponer un cargo adicional en la tarifa eléctrica de aproximadamente 8 centavos por kilovatio-hora durante los próximos 50 años.
En su último plan fiscal, la Junta plantea que el pago a los bonistas viable es de $2,600 millones, pero que tendrían que salir fondos externos a la AEE, pues la tarifa eléctrica no aguanta un cargo fijo para este pago.
El futuro inmediato del caso de la AEE dependerá de si la jueza Swain acoge la solicitud de la JSF de pausar el pleito, o si permite que el litigio continúe mientras se designan nuevos integrantes del organismo. El proceso incide en el futuro de las tarifas y la estabilidad del sistema energético en Puerto Rico.