LUMA Energy advirtió este viernes que, si el Tribunal Supremo acoge la postura del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) en el litigio sobre la inmunidad de la empresa frente a reclamaciones por enseres dañados, esa decisión podría traducirse en un aumento en las facturas de luz de los abonados.
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“Agradecemos la oportunidad de mostrarle al Tribunal Supremo que la propuesta de DACO tendría un impactaría a nuestros clientes. Intentos de revertir los límites de responsabilidad resultarán en un aumento en las tarifas de la luz. Ya sea por una mayor exposición a reclamaciones o porque el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) establezca un fondo para pagar por enseres, estas medidas inevitablemente implicarán mayores costos para los clientes”, indicó el consorcio en declaraciones escritas.
La empresa sostuvo que los tribunales en Estados Unidos han validado límites de responsabilidad similares para compañías eléctricas, bajo el argumento de que las agencias reguladoras tienen autoridad para extenderlos.
“Este asunto es un ejemplo de cómo todos seguimos pagando por el abandono y la mala administración de la AEE en el sistema eléctrico, lo que persiste hasta hoy debido a la falta grave de financiamiento, dejando un sistema deteriorado y poco confiable”, añadió la compañía.
De hecho, la postura de LUMA coincidió con el análisis que ofreció el exrepresentante Luis Raúl Torres a este medio, sobre el posible desenlace del litigio.
En entrevista con Metro, Torres explicó que, aun si el Supremo determinara que LUMA debe responder por los daños, en la práctica la AEE terminaría asumiendo esos costos. Precisó que los fondos federales que maneja la empresa están destinados únicamente a reparaciones de la red tras huracanes y desastres, no para atender reclamaciones de abonados, y que el presupuesto operacional de LUMA en Puerto Rico no cuenta con partidas para reclamaciones, además de la misma agencia haber expresado continuamente que el presupuesto es insuficiente para cubrir sus proyectos y emergencias.
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“Es decir, que cualquier pago que se ordene hacer para pagar enseres o para pagar daños que LUMA haya causado a los abonados o a cualquier otra persona, esos daños los va a terminar pagando la Autoridad de Energía Eléctrica a través del dinero que entra del pago de nuestra tarifa eléctrica y los vamos a pagar los abonados en forma indirecta porque lo estamos pagando en nuestra tarifa eléctrica”, dijo.
En ese sentido, la empresa insistió en que la prioridad debe ser atender las deficiencias técnicas de la red y no imponer nuevas cargas económicas al sistema.
“Tenemos que trabajar juntos para atender los problemas de voltaje y las deficiencias de nuestro sistema eléctrico, y solicitarle al Gobierno y a otros sectores que colaboren con nosotros en la transformación de la red eléctrica para brindarles a los clientes el servicio confiable que esperan”, concluyó LUMA.
Reacción de DACO: “No significa un aumento”
Horas luego de la publicación de la postura de LUMA, la secretaria de DACO, Valerie Rodríguez Erazo, rechazó que defender el derecho de los abonados implique necesariamente un aumento en la tarifa.
Señaló que lo que está en juego es un principio jurídico fundamental y no un cálculo económico.
“El comunicado emitido por LUMA no solo intenta desviar la atención del verdadero problema que enfrentamos, sino que recurre a una estrategia ya conocida: sembrar miedo en la ciudadanía para justificar un privilegio legal que nunca debió existir. Esta amenaza velada de que los consumidores pagarán más si LUMA responde por sus propios actos es, además de injusta, jurídicamente insostenible”, expresó la funcionaria en declaraciones escritas.
Rodríguez Erazo recordó que, conforme al Código Civil, los daños ocasionados por negligencia deben ser asumidos directamente por quien los causa, y no transferidos a terceros.
“Pretender que esos daños se transfieran automáticamente a la ciudadanía a través de un aumento en la tarifa eléctrica es un intento de socializar las pérdidas de una empresa privada, mientras se privatiza su poder. Esa lógica no solo es inmoral: viola la Constitución y el principio fundamental de separación de poderes, al intentar convertir una autorización administrativa en una especie de impunidad legal frente a los tribunales”, añadió.
La secretaria insistió en que el derecho de los consumidores a reclamar daños no puede estar condicionado a los intereses económicos de un contratista.
“El derecho a reclamar cuando uno sufre un daño no puede depender de los intereses económicos de un contratista privado. Esa garantía está anclada en nuestro ordenamiento jurídico y en la dignidad de cada ciudadano”, subrayó.
Asimismo, en su opinión, los argumentos de LUMA buscan presentar un escenario de colapso que no se sostiene en la realidad.
“LUMA quiere hacerle creer al país que si se le exige rendir cuentas, el sistema colapsará. Pero la realidad es otra: es precisamente la ausencia de consecuencias lo que ha perpetuado el deterioro. No se trata de revivir el pasado, como ellos sugieren; se trata de no repetirlo, asegurándonos de que ninguna empresa —sea pública o privada— opere sin responsabilidad frente al pueblo”, sostuvo.
“El DACO no cederá ante presiones ni campañas de miedo. Seguiremos defendiendo el derecho del consumidor a reclamar, a ser escuchado, y a no quedar indefenso ante la negligencia. La justicia no puede tener excepciones ni tarifas especiales”, puntualizó.