Del CPI
Una filial de Physician Correctional en Estados Unidos enfrenta una demanda en la ciudad de San Luis, en Misuri, por la muerte de un confinado que alegadamente convulsionó durante 20 minutos mientras estaba amarrado en una silla sin recibir atención médica
Physician Correctional USA, incorporada en 2022 en el estado de Florida y presidida por el médico, empresario y donante político puertorriqueño Raúl Villalobos Díaz, ha provisto los servicios de salud en la cárcel de San Luis desde noviembre de 2023, luego de que la ciudad le otorgara un contrato de emergencia, sin un proceso formal de competencia. Se trata del mismo dueño de la empresa Physician Correctional en Puerto Rico, que al presente enfrenta múltiples señalamientos por serias deficiencias en el manejo de los servicios de salud de los confinados y confinadas en el País.
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Al momento, la ciudad de San Luis le paga aproximadamente $10 millones anuales a Physician Correctional USA por administrar los servicios de salud en la cárcel, según establece el contrato. La población correccional allí es de unas 760 personas confinadas. La demanda fue presentada el pasado 12 de agosto.
En julio, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de Puerto Rico anunció la cancelación del contrato de Physician Correctional tras múltiples incumplimientos con sus responsabilidades en las cárceles del País. El DCR notificó oficialmente entonces que rescindiría el contrato de casi $73.8 millones, y actualmente considera 12 propuestas de compañías interesadas en administrar el sistema de salud correccional en Puerto Rico.
Pero Physician Correctional continuará brindando los servicios de salud en las cárceles de Puerto Rico hasta que el DCR identifique otro proveedor y otorgue un nuevo contrato, confirmó la agencia. El proceso de evaluación de propuestas se extenderá hasta octubre.
Jack Waldron, abogado de los familiares de Samuel Hayes Jr., el confinado fenecido, dijo que le tomó unos “30 segundos de búsqueda en Google” encontrar reportes de prensa sobre las controversias de Physician Correctional en Puerto Rico. “No podía creer que la ciudad [de San Luis] le diera a esta empresa $10 millones al año para brindar servicios médicos con el historial que tenía”, indicó en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
El CPI solicitó declaraciones de Villalobos Díaz sobre la demanda, pero no recibió respuesta al momento de publicación.
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Luego de la muerte de Hayes el pasado julio, la alcaldesa de San Luis, Cara Spencer, afirmó en las redes sociales que su oficina está “comprometida con garantizar la rendición de cuentas” y que se realizará una investigación exhaustiva sobre el incidente. Además de Physician Correctional USA, la ciudad de San Luis también figura como parte demandada en el caso. El CPI se comunicó con la oficina de la alcaldesa, pero no recibió respuesta.
Physician Correctional ha estado bajo la lupa desde el año pasado tras el asesinato de Ivette Joan Meléndez Vega en abril de 2024 a manos del feminicida Hermes Ávila Vázquez, quien fingió paraplejia para obtener un pase extendido de Corrección por esa supuesta condición de salud. Antes de eso, también cobró notoriedad por el suicidio en 2022 de Shannel Colón Ponce, una mujer confinada con un historial de condiciones de salud mental.
Reo convulsionó y pidió ayuda antes de morir
La noche del pasado 19 de julio, Hayes, de 31 años, fue removido de su celda en la cárcel de San Luis luego de un altercado con otro confinado. Según la demanda, Hayes cayó al suelo cuando los guardias correccionales abrieron la puerta de su celda, y un empleado de la cárcel posteriormente dijo que se veía “letárgico”.
Tras remover a Hayes de la celda, los guardias correccionales lo ataron a una silla de inmovilización. “Es como una silla eléctrica”, dijo Anita Washington, madre de Hayes, quien solicitó ver un video de una cámara de seguridad que capturó las últimas horas de vida de su hijo. Las autoridades permitieron que Washington y Waldron observaran la grabación, pero la ciudad negó la solicitud del abogado para obtener una copia del video, según el documento legal.
Dos profesionales de enfermería “observaron” a Hayes brevemente mientras estuvo restringido en la silla, pero según alega la demanda, no tomaron sus signos vitales ni otras medidas para determinar la condición de salud del hombre. Washington afirmó que el intercambio entre Hayes y el personal de enfermería duró menos de un minuto.
“Fue muy rápido. Entraron, lo miraron, y de inmediato se dieron la vuelta y se fueron”, dijo
Minutos después de que personal de enfermería y los guardias correccionales dejaran a Hayes atado a la silla sin ninguna supervisión, el hombre comenzó a retorcerse por el dolor y pidió ayuda. Pero la ayuda nunca llegó, según la demanda.
Hayes convulsionó y gritó por aproximadamente 20 minutos hasta que dejó de moverse. Una hora y media después de haber quedado inmóvil en la silla, fue trasladado al San Luis University Hospital, donde declararon su muerte.
“Estoy verdaderamente dolida por esto”, dijo Washington, quien describió a su hijo como un hombre inteligente y amado por su familia. “Mi bebé estaba saludable. No tenía problemas médicos ni nada. No entiendo por qué lo ataron a esa silla. ¿Quién les dijo que lo ataran? ¿Quién dio el visto bueno para atar a mi bebé a esa silla?”, cuestionó.
Hayes es la persona confinada número 20 que ha muerto en la cárcel de San Luis desde 2020, reportó San Luis Public Radio. En 2023, la ciudad anunció que no renovaría el contrato del operador anterior de salud correccional, YesCare, tras señalamientos por las muertes en la cárcel y acusaciones de cuidado médico deficiente. Physician Correctional USA se contrató para reemplazar a YesCare. Al menos tres muertes han ocurrido bajo la administración de Physician Correctional USA.
Jugoso contrato en Misuri
La ciudad de San Luis, ubicada cerca de la frontera entre Misuri e Illinois, emitió en julio de 2023 una solicitud de propuestas (RFP en inglés) para identificar un nuevo operador de salud en la cárcel. En noviembre de ese año, le otorgó un contrato de emergencia por $720,000 mensuales a Physician Correctional USA, sin que pasara por un proceso formal de competencia. Por ese primer año, la empresa cobró $8.6 millones.
La ciudad también acordó pagarle $250,000 a Physician Correctional USA para cubrir parte del costo de la cobertura de seguro que la empresa debía adquirir bajo el contrato de emergencia.
Según un informe del auditor del estado de Misuri, la entonces Comisionada de Corrección de la ciudad indicó que identificaron a la empresa “con la ayuda” del Departamento de Salud de San Luis y de la Comisión Nacional de Salud Correccional (NCCHC en inglés) al darse cuenta de que necesitaría un operador en 30 a 60 días.
La NCCHC es una entidad que ofrece acreditación voluntaria para instalaciones correccionales. Physician Correctional de Puerto Rico fue acreditada por la NCCHC en 2023. Jim Martin, uno de los ejecutivos de Physician Correctional USA, laboró como vicepresidente de desarrollo de programas de la NCCHC antes de unirse a la empresa.
En la página web de Physician Correctional USA, aparece una cita de la pasada directora de Salud de San Luis, Mati Hlatshwayo Davis, en la que avala a la compañía y la recomienda a cualquier jurisdicción en busca de un “proveedor de salud correccional tomando en cuenta la rendición de cuentas, la compasión y la excelencia”. Hlatshwayo Davis firmó los contratos que la ciudad le dio a la empresa.
Originalmente, el contrato de emergencia tenía una vigencia de un año, pero posteriormente se extendió hasta febrero de 2025. Ese mes, la ciudad y la empresa pactaron un nuevo acuerdo, cuya duración se extiende desde marzo de 2025 hasta febrero de 2028.
Bajo el acuerdo vigente, Physician Correctional USA cobrará $9.9 millones en el primer año, $10.1 millones en el segundo año y $10.3 millones en el tercer año. Esto quiere decir que, por los tres años, Physician Correctional USA cobrará un total de $30.3 millones.
Según Waldron, el abogado, en Kansas City, una ciudad con una población comparable a la de San Luis, el Gobierno local paga entre $7 millones y $8 millones anuales por los servicios de salud carcelarios.
Al momento de la extensión del contrato de emergencia y de la contratación más reciente en San Luis, Physician Correctional ya se había convertido en eje de controversia en Puerto Rico por la excarcelación de Ávila Vázquez.
Otro contrato de emergencia en Virginia
Además del contrato en Misuri, Physician Correctional USA recientemente firmó un acuerdo con el condado de Chesterfield, al sur de la ciudad de Richmond, en Virginia, para proveer servicios de enfermería y salud conductual en la cárcel.
La vigencia del contrato por casi $2.9 millones comenzó este mes y se extiende por un año, con la opción de renovar por seis términos de un año a discreción del condado. Según el contrato, las tarifas por hora de los profesionales de la salud oscilan entre $35 y $225.
Según el portal de adquisiciones de Chesterfield, el condado le otorgó un contrato inicial a Physician Correctional USA en 2023 para proveer servicios de enfermería. Al igual que en San Luis, este primer contrato se le otorgó como un acuerdo “de emergencia”.
Caras familiares
La página web de Physician Correctional USA identifica al doctor Villalobos Díaz como director médico principal y presidente de la Junta Directiva de la empresa. En Puerto Rico, Villalobos Díaz preside Physician Correctional, registrada corporativamente como Physician H.M.O.
Una imagen en esta página web también muestra a Bárbara Méndez, directora de Administración y Operaciones de Physician Correctional, aunque no se le identifica como parte del equipo de la filial estadounidense. Otra foto muestra a Villalobos Díaz junto a su hermano, Javier, quien también es dueño de Physician Correctional.
Martin, quien firmó los contratos de la empresa con la ciudad de San Luis, funge como el jefe de operaciones de Physician Correctional USA. En 2023, Martin fue nombrado a la junta de directores de NCCHC Resources, entidad vinculada a la organización de acreditación.
El CPI solicitó una reacción de Martin a la demanda, pero no recibió respuesta.
En el tracto del caso, aún no aparece una respuesta de Physician Correctional USA a la demanda.