La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Educación (DE) expresaron que no puede aprobarse en este momento el Proyecto de la Cámara 703, que propone un aumento de $1,000 mensuales para todo el personal no docente del sistema público de enseñanza.
El PC 703, titulado Ley Especial de Aumento Salarial, busca equiparar las condiciones de empleados administrativos, de oficina, mantenimiento, enfermería, psicología y seguridad escolar, entre otros, con los aumentos concedidos al magisterio en 2022. La medida también ordena a OGP, DE y AAFAF identificar y garantizar fondos anuales para cubrir el incremento.
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El secretario del DE, Eliezer Ramos Parés, expresó que aunque comparte la meta de mejorar la compensación, el proyecto “interfiere con un proceso ya estructurado y en plena implementación”.
Explicó que el Departamento se encuentra en la etapa final de su Plan de Clasificación y Retribución, que revisa 255 clases de puestos no docentes y establece 23 escalas salariales basadas en estudios de mercado. Este plan impactará a 7,936 empleados, de los cuales 79% recibirá aumentos, con un costo anual estimado de $36.2 millones.
Ramos Parés recalcó que un aumento uniforme podría “generar inequidades internas y comprometer la sostenibilidad fiscal” al no considerar factores como funciones, experiencia y complejidad del puesto.
La OATRH enfatizó que todo ajuste salarial debe cumplir con la Ley de Igualdad Salarial y con los principios de mérito establecidos en la Ley 8-2017. Recomendó que cualquier cambio se coordine con los planes de clasificación vigentes para evitar distorsiones en el sistema de compensación gubernamental, y advirtió que modificaciones no estructuradas podrían provocar reclamos, agravios y costos adicionales.
En su ponencia, el director Facundo Di Mauro señaló que “todo ajuste salarial a los servidores públicos debe contar con estudios de mercado y de impacto fiscal” y observó que el proyecto no identifica una fuente estable de financiamiento.
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Di Mauro informó que el Departamento de Educación trabaja en un “Plan Unificado” de clasificación y retribución para el personal no docente, cuya presentación formal ante OGP y la Junta de Supervisión Fiscal permitirá evaluar su viabilidad conforme a los requisitos técnicos y fiscales establecidos.
AAFAF recordó que toda medida legislativa con impacto económico debe ser neutralmente fiscal según el Plan Fiscal certificado bajo PROMESA. La agencia advirtió que el PC 703 no especifica una fuente de financiamiento, lo que dificulta su aprobación sin identificar ingresos recurrentes o reasignaciones presupuestarias. Recalcó que, en ausencia de un financiamiento claro, el aumento podría entrar en conflicto con las metas de balance fiscal y sostenibilidad presupuestaria.
El director de OGP, Orlando Rivera Berríos, destacó que aprobar un aumento de esa magnitud requiere una fuente de financiamiento estable y aprobada. Señaló que la nómina es el principal gasto del presupuesto gubernamental y que incrementos recurrentes sin análisis de mercado y de impacto fiscal pueden comprometer el equilibrio presupuestario.
Por esa razón, recomendó esperar la presentación oficial de dicho plan antes de tomar una decisión legislativa.