El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump aumentó este jueves de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por “información que conduzca al arresto” del gobernante de Venezuela Nicolás Maduro, reiterando acusaciones que lo relacionan con el narcotráfico y grupos criminales.
En un vídeo publicado en X, la fiscal general de Estados Unidos Pam Bondi acusó a Maduro de colaborar con grupos criminales como el Tren de Aragua y el temido cártel de Sinaloa.
Estados Unidos ofrecía anteriormente una recompensa de 25 millones de dólares por información relacionada con Maduro, según el Departamento de Estado.
La administración Trump duplicó la suma a 50 millones de dólares por la detención de Maduro, acusándolo de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo y de colaborar con los cárteles para inundar Estados Unidos con cocaína mezclada con fentanilo.
“Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará a la justicia y será responsable de sus despreciables crímenes”, dijo la fiscal general en el video en el que anunciaba la recompensa.
Bondi afirmó que el Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluidos dos aviones privados, y dijo que 7 millones de toneladas de cocaína incautadas se habían rastreado directamente hasta el líder chavista.
La oficina de Maduro no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Acusado en los tribunales en 2020
Maduro fue acusado en un tribunal federal de Manhattan en 2020, durante la primera presidencia de Trump, junto con varios aliados cercanos, por cargos federales de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína. En ese momento, Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por su detención.
Posteriormente, la administración Biden aumentó la recompensa a 25 millones de dólares, la misma cantidad que Estados Unidos ofreció por la captura de Osama bin Laden tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
A pesar de la elevada recompensa, Maduro sigue afianzado en el poder tras desafiar a Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos latinoamericanos que condenaron su reelección en 2024 como una farsa y reconocieron a su oponente como presidente legítimamente elegido de Venezuela.
