La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) expresó preocupación por los efectos fiscales de la ley recién firmada por la gobernadora, Jenniffer González, que separa la Policía del Departamento de Seguridad Pública.
Se trata de la Ley 83-2025, firmada el 30 de julio. La medida convirtió en ley un reclamo de gremios y legisladores que argumentaban que la integración al DSP había restado autonomía y eficacia a la Policía.
En una carta enviada ayer, 7 de agosto al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Francisco J. Domenech, el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica Jr., recordó que, bajo la sección 204(a) de la Ley PROMESA, el Gobierno tiene un plazo de siete días laborables desde la firma de la ley para remitir a la Junta una estimación formal de su impacto fiscal y una certificación sobre si es o no “significativamente inconsistente” con el Plan Fiscal. En el caso de la Ley 83-2025, la fecha límite es el 8 de agosto.
La Junta enfatizó que la estimación debe incluir un análisis completo del impacto en ingresos y gastos, cubrir todo el periodo del plan fiscal, explicar la metodología utilizada y ser elaborada por una entidad con pericia en manejo presupuestario. La certificación, a su vez, debe basarse en esa estimación y contener una declaración definitiva sobre la consistencia de la ley con el Plan Fiscal.
Mujica advirtió que la implementación de la Ley 83 podría acarrear “costos administrativos incrementales significativos” debido a posibles redundancias, y pidió que el informe del Gobierno incluya una estimación detallada de esos costos, un plan para mitigarlos y un análisis de cómo se atenderán las duplicidades que surjan.
La misiva llega en medio del revuelo por el despido de cinco de los siete miembros de la JSF. El ente creado por la ley federal PROMESA expresó que continuarán trabajando con los dos miembros restantes.
La separación de la Policía del DSP entra ahora en una fase clave, en la que el cumplimiento con PROMESA y el control de gastos serán determinantes para su ejecución sin afectar las proyecciones fiscales del país.
