La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) emitió una certificación de impacto fiscal sobre la Ley de la Policía de Puerto Rico, que separa a la uniformada del Departamento de Seguridad Pública (DSP) asegurando que la medida no representa un “impacto fiscal adverso” para el presupuesto del gobierno para el año fiscal 2026, no para presupuestos futuros.
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“El análisis demuestra que la propia ley establece mecanismos de transición ordenados y previsiones presupuestarias que permiten su implantación sin aumentar los costos al erario. Esto asegura que la nueva estructura operativa de la Policía se implemente con transparencia, eficiencia y sin comprometer la estabilidad fiscal del Gobierno cónsono con el compromiso programático de la Gobernadora, Jenniffer Gonzalez Colón”, afirmó Orlando C. Rivera Berríos, director de la OGP.
A través de declaraciones escritas, el funcionario explicó que según dispone la Ley 83, la Policía operará durante el Año Fiscal 2025-2026 con los fondos originalmente asignados al entonces Negociado de la Policía bajo el DSP, incluyendo la transferencia de empleados, equipos y propiedades necesarias para mantener la continuidad de servicios. Asimismo, indicó que las proyecciones presupuestarias del presente año muestran sobrantes que podrían absorber los costos mínimos estimados para la nueva estructura administrativa.Rivera Berríos también señaló que el análisis de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), que estimaba un posible costo de $45 millones, parte de una premisa incorrecta al tratar como un solo presupuesto consolidado el de la Policía y el DSP.
“En la práctica y conforme a los principios de contabilidad gubernamental, estos presupuestos se han manejado históricamente de forma independiente”, puntualizó.A través de una carta, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) expresó preocupación por los efectos fiscales de la ley recién firmada por la gobernadora, Jenniffer González, que separa la Policía del Departamento de Seguridad Pública.
En una carta enviada ayer, 7 de agosto al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Francisco J. Domenech, el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica Jr., recordó que, bajo la sección 204(a) de la Ley PROMESA, el Gobierno tiene un plazo de siete días laborables desde la firma de la ley para remitir a la Junta una estimación formal de su impacto fiscal y una certificación sobre si es o no “significativamente inconsistente” con el Plan Fiscal. En el caso de la Ley 83-2025, la fecha límite es el 8 de agosto.
La Junta enfatizó que la estimación debe incluir un análisis completo del impacto en ingresos y gastos, cubrir todo el periodo del plan fiscal, explicar la metodología utilizada y ser elaborada por una entidad con pericia en manejo presupuestario. La certificación, a su vez, debe basarse en esa estimación y contener una declaración definitiva sobre la consistencia de la ley con el Plan Fiscal.
Mujica advirtió que la implementación de la Ley 83 podría acarrear “costos administrativos incrementales significativos” debido a posibles redundancias, y pidió que el informe del Gobierno incluya una estimación detallada de esos costos, un plan para mitigarlos y un análisis de cómo se atenderán las duplicidades que surjan.