Un total de 28 cargos fueron radicados contra la administración del Laboratorio Clínico Central II ubicado en el municipio de Humacao.
Según la investigación realizada por la Unidad de Control de Fraude al Medicaid del Departamento de Justicia, el laboratorio sometió reclamaciones fraudulentas a los planes médicos: Plan de Salud Menonita y First Medical por la cantidad de: $103,629.42, para el período que comprende los años de enero de 2020 a diciembre de 2023. Como parte del esquema se apropiaban de las identidades de médicos y pacientes para poder facturar y cobrar ante los planes médicos, al igual que con este esquema le daban cierta legitimidad al proceso de facturación.
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A la corporación Laboratorio Clínico Central II se le sometieron un total de 28 cargos criminales, por los delitos de Apropiación Ilegal de Fondos Públicos, Fraude al Medicaid de la Ley Núm. 154 de 2018, y por los delitos de Apropiación Ilegal de Identidad, todos del Código Penal. El juez del Tribunal de Primera Instancia Municipal de San Juan, Juan A. León González, encontró causa por todos los delitos imputados contra la corporación. La vista preliminar fue señalada para el próximo 20 de agosto de 2025.
¿Cómo se identificó el esquema?
Según indicó la agencia, la primera alerta de este esquema lo recibió el Program Integrity Unit del Departamento de Salud, quienes realizaron un primer referido al MFCU, relacionado con reclamaciones fraudulentas presentadas por el Laboratorio Clínico Central II a los planes médicos. Del mismo modo, MFCU recibió un segundo referido del Plan de Salud Menonita para que se investigara una querella presentada por una ciudadana contra el mismo laboratorio. La querellante reclamaba que al recibir el desglose de utilización de servicios se había percatado de un sinnúmero de facturaciones realizadas por el Laboratorio Clínico Central II, que no fueron solicitadas, recibidas y mucho menos autorizadas por ella.
La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, destacó que este caso evidencia la importancia de que los ciudadanos estén atentos al desglose de los servicios de salud que se les factura y denuncien cuando identifiquen prestaciones fraudulentas o que no han recibido.
“La colaboración de la ciudadanía es clave para poder identificar este tipo de esquema, que además de generar desconfianza en el sistema de salud, genera pérdida de fondos para servicios reales y desvía recursos gubernamentales que deben llegar directo al ciudadano”, afirmó la funcionaria.
La investigación de este caso estuvo a cargo de la fiscal Brenda Rosado Aponte, la agente Rosalía Berenguer Zurita del MFCU y el agente especial Fernando Vázquez Barreto de la Oficina del Inspector General de Salud Federal.
La Unidad de Control de Fraude al Medicaid de Puerto Rico está adscrita al Departamento de Justicia, recibe el 75 por ciento de su financiamiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Esto en virtud de una subvención que totaliza $1,365.882 para el año fiscal 2024-2025, el restante 25 por ciento es financiado por el Gobierno de Puerto Rico