La presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Dra. Zayira Jordán Conde, anunció que la institución realizó el desembolso de fondos para la Junta de Retiro de la institución.
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Según se indicó mediante un comunicado de prensa, la universidad realizó el desembolso restante de 14 millones a la Junta de Retiro, para un total de $131.9 millones, correspondientes al año fiscal 2024-2025, según fue aprobado por la Junta de Control Fiscal.
“Estos fondos benefician directamente a más de 9,300 empleados del sistema universitario. Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de velar por la seguridad económica de nuestros empleados jubilados que son en última instancia nuestra prioridad”, afirmó la Dra. Jordán Conde.
Por otro lado, con relación al caso radicado por la Junta de Retiro en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, la presidenta indicó que la reciente resolución judicial del 1ro de agosto de 2025 denegó una moción de desestimación presentada por la UPR y otros codemandados.
“Respetamos el proceso judicial y presentaremos las contestaciones correspondientes dentro del término establecido por el tribunal. Nuestro enfoque sigue siendo la búsqueda de soluciones que garanticen transparencia, cumplimiento y estabilidad en beneficio de todos los sectores de nuestra universidad”, puntualizó la presidenta de la UPR.
Universidad de Puerto Rico acumula deuda millonaria con su Sistema de Retiro
La semana pasada, el presidente de la Junta de Retiro de la UPR, Luis Vicenty Santini, denunció que la institución incumplió con el pago de las aportaciones patronales requeridas al Sistema de Retiro de sus empleados.
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A través de un comunicado de prensa, se denunció que este fue el tercer año consecutivo en que la UPR no cumple con las recomendaciones actuariales exigidas por ley. La situación podría provocar un aumento en la aportación patronal exigida al fideicomiso del sistema de retiro universitario para el año 2026, advirtió el presidente de la Junta de Retiro.
Actualmente, hay tres demandas activas en los tribunales por esta controversia. Una de ellas, presentada en agosto de 2023, reclama $59 millones por deficiencias entre 2015 y 2022; en enero de 2024 fue enmendada para incluir $10 millones adicionales. En julio, la deuda aumentó a $107.7 millones tras un impago de $38.7 millones más. En octubre, una demanda adicional fue radicada contra el expresidente Luis A. Ferrao y otros 15 funcionarios en su carácter personal, por supuestos incumplimientos fiduciarios y éticos. Esa acción legal incluye reclamaciones por daños ascendentes a $10 millones, además de daños punitivos.