La amenaza creciente por carfentanilo que avisó el Departamento de Salud (DS) realza las preocupaciones de profesionales que tratan pacientes con trastornos de uso de opioides para eliminar barreras regulatorias que impiden acceso a tratamiento con buprenorfina.
Este medicamento es útil para tratar esta población porque limita la dependencia a opioides, según el consejero profesional licenciado Christian Romero Ramos, pero su acceso se complica por varias licencias requeridas por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca). Entre ellas, la de Servicios de Tratamiento de Opioides en categoría de Clínica de Buprenorfina, para que profesionales lo receten o provean a pacientes.
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De acuerdo con Romero Ramos, Assmca no tiene jurisdicción para regular la administración de este medicamento porque, según la ley habilitadora, solo regula tratamientos no medicados, como terapias o servicios psicológicos. Otras licencias que exige la organización son de salud mental, de tratamiento de adicciones y de promoción de servicios de salud.
El consejero destacó que con una licencia de la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) y un adiestramiento es suficiente, pero la Assmca “impone una licencia especial adicional que no está respaldada por la ley federal y que restringe el acceso al tratamiento, en lugar de facilitarlo”. Señaló también que en Estados Unidos se eliminó una dispensa que se les exigía a los médicos para prescribir buprenorfina.
“Tenemos que, en vez de regular, desregular. Tenemos que empezar a eliminar las barreras […] Esto se atiende con un memorial de que no se aplica esa licencia y con una consulta legal a la oficina legal de Assmca, que si ellos tienen facultad para regular este medicamento, y lo cierto es que no”, dijo Romero Ramos en entrevista telefónica con Metro Puerto Rico.
A pesar de que se derogó la Ley de Narcóticos (Ley 48 de 1959) por la Ley de Sustancias Controladas (Ley 4 de 1971), el artículo 21 de esa legislación, que dispone que las recetas de narcóticos, como opioides, expiren luego de 48 horas, se mantuvo vigente y representa otro impedimento para recetar o acceder la buprenorfina.
El artículo, detalló Romero Ramos, contrasta con la regulación federal que permite hasta cinco repeticiones en seis meses para sustancias de la Clasificación III.
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El Proyecto del Senado 253, firmado por la Cámara de Representantes y el Senado, propone derogar ese artículo, así como la Ley de Barbitúricos y Otras Drogas Peligrosas, por ser “obsoleto”, “completamente distinto” e “ incompatible con las leyes de sustancias controladas a nivel federal y estatal”.
Este medio le preguntó a oficiales de La Fortaleza el estatus de la firma de la gobernadora Jenniffer González Colón, pero no se obtuvo respuesta al cierre de esta edición.
Por su parte, el doctor Juan Otaño Vega, quien participó en un simposio de fentanilo en el PRCHEM 2025 del Colegio de Químicos, mencionó que otra barrera para el acceso es el horario limitado en que los pacientes pueden visitar un centro y recoger el tratamiento.
En su experiencia en una sala de emergencias en Arecibo, cercana a comunidades con alto tráfico de drogas, las personas con el trastorno de uso de opioides visitaban la sala en busca de buprenorfina o metadona, también usado para aliviar dolor crónico, pero no se consiguen en esas instalaciones. (Por orden administrativa, se puede conseguir naloxona en estas salas para revertir efectos de sobredosis, pero no funcionan como tratamiento al trastorno).
Sobre el carfentanilo, opinó que, por su potencia, anticipa mayores episodios de sobredosis porque puede haber “más de lo que pensamos”. Además, la sustancia análoga al fentanilo es más costo efectiva porque requiere menos dosis para alcanzar el efecto deseado.
El galeno de The Doctors Clinic, en Lares, sugirió una mayor coordinación entre centros de destoxificación o programas especializados y salas de emergencia, por las que aboga que estén abastecidos con buprenorfina, para que un paciente no quede desprovisto en momentos de mayor necesidad.
Otaño Vega también enfatizó que el enfoque salubrista no debe limitarse a tratamientos o intervenciones médicas, sino esfuerzos conjuntos entre entidades de gobierno y líderes comunitarios para dirigirse a jóvenes y “cambiar esa mentalidad” de que es fácil y costo efectivo el manejo ilegal de sustancias controladas.
Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.