Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) arrestaron entre el martes y el jueves a cinco personas en cuatro casos separados por delitos relacionados a armas, narcotráfico y crimen organizado, como parte de la iniciativa federal “Operation Summer Heat”.
El martes, el Gran Jurado Federal emitió una acusación contra Carlos Ortiz Hernández por poseer un arma de fuego y municiones, siendo una persona previamente convicta, y por la posesión de una ametralladora. Las acusaciones surgen de una investigación conjunta entre el FBI, la Policía de Puerto Rico y la Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico.
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“El pueblo de Puerto Rico está más seguro tras el arresto de estas personas acusadas por distintos delitos violentos y violaciones a la ley de armas”, dijo el fiscal federal W. Stephen Muldrow en declaraciones escritas.
Ese mismo día, agentes de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional arrestaron a Diana Lee Vázquez Arroyo por conspirar para distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia con cocaína. Según se alega, Vázquez Arroyo enviaba drogas desde el aeropuerto internacional de San Juan hacia el estado de Nueva York.
El miércoles, el FBI y la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) arrestaron a Gilbert Manuel Fajardo Álvarez en Canóvanas tras ejecutar una orden de allanamiento. En el lugar se halló un rifle modificado con capacidad automática. La acusación se presentó mediante una querella criminal.
También el miércoles, en Aguadilla, fueron arrestados René Esponda Rodríguez y Verona Salas Arce por delitos de narcotráfico y posesión de armas de fuego. A los acusados se les imputa poseer cocaína y fentanilo con intención de distribución, y armas de fuego en conexión con estas actividades ilegales.
“Cada arresto esta semana es prueba de que Operation Summer Heat no es solo un titular. Es una campaña meticulosa que busca remover de las calles a quienes impulsan la violencia”, expresó Devin Kowalski, agente especial a cargo del FBI en San Juan.
Los acusados enfrentarán sus procesos judiciales en el Tribunal Federal. Todas las personas acusadas se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante un jurado más allá de toda duda razonable.