La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió que la Ley 37-2024, que reinstaura exenciones contributivas sobre la propiedad para proyectos de vivienda subsidiada como el Programa Sección 8 y el de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura federal (USDA), es inconsistente con los planes fiscales vigentes y con la ley PROMESA.
En una carta dirigida al presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, Agustín Rojo Montilla, la JSF indicó que continúa en conversaciones con el gobierno de Puerto Rico sobre la posible implementación de la medida. La misiva responde a una comunicación de la asociación que defendía estas exenciones como parte esencial para fomentar vivienda asequible en la Isla.
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El ente fiscal señaló que el gobierno estimó que la ley podría representar pérdidas anuales de entre $33.5 millones y $35.7 millones para el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), sin presentar mecanismos para compensar esos ingresos. Además, cuestionó la validez de los datos utilizados, ya que se limitaron a solo siete municipios y mostraban inconsistencias en el número de vales reportados.
“La JSF evaluará cualquier documentación adicional que el Gobierno someta antes de emitir un juicio final”, indicó el director ejecutivo Robert Mujica en la carta, en la que también aclaró que la medida aún no ha sido implementada y está bajo evaluación del Ejecutivo.
El gobierno notificó a la JSF el 30 de mayo que analiza si es necesario presentar información adicional conforme a la sección 204(a) de PROMESA. Mientras tanto, el tema sigue sin resolverse, y la exención contributiva permanece en suspenso.
La carta está firmada por el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica Jr.
El ente fiscal, creado bajo la Ley federal PROMESA, ha sido muy cauteloso en su evaluación sobre proyectos legislativos que conllevan exenciones contributivas. Recientemente pidió más información sobre una medida que buscaba impulsar la vivienda en los cascos urbanos.