El abogado y profesor universitario Luis Aníbal Avilés Pagán radicó una demanda de mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan con el propósito de detener lo que califica como una consolidación monopólica en el sistema de gas natural de Puerto Rico. La demanda busca que varias agencias estatales sean obligadas a cumplir con sus deberes legales y regulatorios.
El recurso legal, presentado el 30 de julio de 2025, va dirigido contra la Autoridad de los Puertos, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el Negociado de Energía, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el Departamento de Justicia, entre otras entidades.
En el centro de la controversia se encuentra el contrato exclusivo otorgado a la empresa New Fortress Energy (NFE) para operar los muelles A y B del Puerto de San Juan, así como otros contratos de suministro de gas natural que —según la demanda— se firmaron sin competencia efectiva ni la debida revisión regulatoria.
“Lo que se pretende evitar es la consolidación de un monopolio privado verticalmente integrado sobre el gas natural, en violación del marco legal vigente. No se puede permitir que la inacción o permisividad de las agencias convierta una infraestructura esencial en un activo controlado por una sola parte”, expresó Avilés en declaraciones escritas.
La demanda señala particularmente a la Autoridad de los Puertos por no ejercer su autoridad para suspender operaciones en los muelles, a pesar de que NFE operó su planta de regasificación por años sin las autorizaciones federales requeridas.
Asimismo, el documento legal recoge preocupaciones previamente expresadas por la Junta de Supervisión Fiscal. En una carta reciente, la Junta advirtió que los contratos con NFE podrían “poner en riesgo la seguridad energética de la isla” y favorecer una estructura monopólica contraria al interés público.
El abogado también citó declaraciones de la gobernadora Jenniffer González Colón, quien el pasado 18 de julio expresó que “Puerto Rico se encuentra en una situación casi de indefensión” ante las condiciones contractuales impuestas por la empresa. Aunque la mandataria ha indicado que se trata de contratos heredados, Avilés subrayó que la Constitución y las leyes le otorgan al Ejecutivo la facultad de intervenir y corregir actos administrativos que violen el ordenamiento jurídico.
Entre los efectos denunciados, se incluye que la suspensión unilateral del suministro de gas por parte de NFE ha obligado a la AEE a operar con diésel, lo que ha generado sobrecostos estimados entre $14 y $21 millones mensuales, impactando directamente la tarifa eléctrica de los abonados.
“Cada día que las agencias no actúan, el daño al interés público se acumula. Esta demanda es un llamado a restituir la legalidad en el manejo de la infraestructura energética del país”, concluyó Avilés.
El caso fue radicado bajo el número SJ2025CV06829 en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
