El urbanista y activista Pedro Cardona Roig denunció que el Reglamento de Permisos de Construcción vigente en Puerto Rico permite la conversión de áreas naturales y espacios públicos en proyectos turísticos y residenciales sin participación comunitaria ni protección adecuada a los recursos costeros.
También lee: Populares exigen la renuncia del presidente ejecutivo de la AAA por deficiencias en el servicio
En entrevista con Metro Puerto Rico, Cardona Roig reiteró que, aunque el reglamento no menciona directamente la instalación de alambres de púas en playas, su efecto práctico es precisamente facilitar la privatización del acceso costero.
“El reglamento no te dice que tú puedes poner un alambre de púa en las playas, pero sí te dice que los distritos que estaban dentro de reglamentos previos para las playas y las áreas que eran protegidas colindantes con la playa pueden ser convertidas automáticamente en áreas de desarrollo”, explicó.
“Por lo tanto, tú puedes poner una verja en el perímetro de un desarrollo que antes era playa y que ahora será residencial turístico por la reconversión”, continuó.
Según el urbanista, esta transformación es posible desde la versión de 2019 del reglamento, que ha sido replicada en las ediciones de 2020 y 2023 sin cambios sustanciales, incluso después de que el Tribunal Supremo anulara su adopción por la falta de ejecución de vistas públicas.
“(La Junta) utiliza todavía al día de hoy el mismo reglamento declarado nulo en el 2019. Solo declararon uno de emergencia. ¿Qué cambió en el 2023, en junio de 2023, cuando adoptaron este reglamento de emergencia? La portada. Eso fue lo único que cambió. Su contenido sigue siendo igual que el contenido del reglamento que declaró nulo el Tribunal Supremo en el año 2021”, dijo el urbanista.
Cardona Roig recordó que la Junta de Planificación solo convocó vistas públicas luego de ser obligada por el tribunal, y criticó que el proceso actual, fijado para el 20 de agosto, se esté realizando de forma virtual, limitando el acceso a sectores vulnerables.
“Una persona que no tiene un agitamento que le permita leer 1,500 páginas del reglamento en formato electrónico, no puede participar del proceso”, afirmó.
“No hay una vista presencial. [...] La Junta tiene la obligación a celebrar procesos de vistas públicas con el objetivo de poner a la ciudadanía en posición para poder participar”, continuó.
