Un artículo publicado por Forbes resalta cómo la empresa familiar Crowley Maritime ha logrado prosperar en medio de la contracción de la industria naviera estadounidense, en parte gracias a las disposiciones del Merchant Marine Act of 1920, mejor conocido como el Jones Act. La nota destaca el perfil del presidente de la compañía, Thomas Crowley Jr., y su enfoque para operar dentro de este marco legal, particularmente en rutas estratégicas como las que conectan con Puerto Rico.
Según el reportaje publicado este lunes en el medio especializado, Crowley aprovechó una disposición legal que permite la operación bajo el Jones Act de embarcaciones extranjeras construidas antes de 1996. Así, logró reacondicionar el buque American Energy, que ya opera llevando gas natural licuado (LNG) al puerto de Peñuelas.
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Sin embargo, este tipo de publicación también pone sobre la mesa el debate recurrente sobre el impacto del Jones Act en Puerto Rico. La legislación exige que los bienes transportados entre puertos estadounidenses se muevan exclusivamente en barcos de bandera, construcción y tripulación estadounidense, lo que históricamente ha sido señalado como un factor que puede encarecer los costos de importación en la isla.
En el pasado, académicos han advertido que, aunque la ley busca proteger la industria marítima nacional, su aplicación genera efectos desiguales. A diferencia de las Islas Vírgenes, Puerto Rico no está exento del estatuto, lo que ha provocado limitaciones logísticas en momentos de emergencia, como tras los huracanes María y Fiona, cuando se necesitó autorización especial para permitir la entrada de embarcaciones extranjeras.
El debate también se ha abordado en estudios económicos. Un análisis de 2018 comisionado por el American Maritime Partnership —y realizado por Reeve & Associates junto a Estudios Técnicos Inc.— concluyó que el Jones Act aporta empleos y actividad económica en la isla. En contraste, un informe de Advantage Business Consulting, presentado por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, estimó que la ley representa un gasto adicional de $300 anuales en alimentos y bebidas para cada familia puertorriqueña. Organizaciones como la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), la Cámara de Comercio, la Asociación de Restaurantes (ASORE), el Centro Unido de Detallistas y la Asociación de Productos de Puerto Rico se han expresado en contra de las leyes de cabotaje.
Aunque no es un tema nuevo, el debate sobre el Jones Act cobra vigencia en contextos como este, donde un perfil empresarial revela cómo algunas compañías logran capitalizar un marco legal que sigue siendo objeto de críticas en sectores de la sociedad puertorriqueña.