Una querella formal fue radicada este martes ante la Oficina de la Contralora de Puerto Rico para solicitar una investigación que lleve a la anulación del contrato entre la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y LUMA Energy, al alegarse que fue adjudicado a una entidad que no existía legalmente al momento de su otorgación.
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El reclamo, presentado por el exrepresentante Luis Raúl Torres Cruz y el abogado Luis Santini Gaudier, indicó que el contrato es nulo ab initio y solicitó una investigación que permita referir el caso a los foros correspondientes.
Conforme al exlegislador y el abogado, el contrato fue otorgado el 11 de enero de 2020, mientras que la corporación LUMA Energy LLC no se constituyó legalmente hasta el 17 de enero de ese año.
De hecho, Torres Cruz detalló que tanto el Colegio como la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes —que presidió durante su incumbencia— concluyeron que el contrato podía anularse desde su inicio.
“La Cámara de Representantes, la Comisión de Energía que presidí, también había hecho una investigación y había concluido que era un contrato leonino y que también se podía anular ese contrato desde su propio inicio”, dijo el exlegislador.
Por su parte, Santini Gaudier denunció que LUMA no participó como licitador en la subasta original, en la cual sí lo hicieron otras entidades como ATCO, Quantum e IEM.
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“Después se crea esta corporación LUMA, así que desde nuestro punto de derecho estamos solicitándole a la Contralora que evalúe, como ha hecho en otros casos, si los procesos seguidos en este contrato deben conllevar a la solicitud al gobierno de que se anule”, sostuvo el abogado.
Santini Gaudier subrayó que, si se establece que el contrato fue inválido desde un principio, “todas las prestaciones que ha cobrado LUMA podían ser reclamadas, incluso por el gobierno, que le sean devueltas al pueblo de Puerto Rico, porque esto era un contrato ilegal que nunca existió”.
El abogado añadió que se ha difundido la idea de que cancelar el contrato conllevaría altos costos para el gobierno, pero sostuvo que, de probarse la invalidez, sería LUMA quien tendría que devolver dinero. “Mediante la rescisión del contrato, LUMA nos va a deber dinero a nosotros. Nosotros no tenemos que pagarle nada a LUMA”.
Como parte del argumento legal presentado ante la Contralora, Santini citó el informe de la propia AAPP, en cuya página 57 —según señaló— se admite que LUMA se constituyó después de la licitación y de que se le haya otorgado el contrato.
“En ley hay algo que se llama admisión de parte, relevo de prueba. Está admitido por la P3 que se actuó ilegalmente”, manifestó.
Mientras, Torres Cruz criticó que el gobierno actual haya optado por una vía judicial más extensa para impugnar el contrato, en lugar de explorar opciones más rápidas.
“No entendemos por qué no se han sentado con este grupo de abogados y han discutido todas estas alternativas. ¿Por qué escogieron la ruta más larga que puede costar un pleito largo en los tribunales, que puede costar mucho dinero y que puede extender la duración de LUMA sobre el control del sistema de transmisión y distribución eléctrica?”, cuestionó.