En medio de crecientes reclamos y ausencias masivas en el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reiteró ayer que la Ley 156-2024 —que concede un aumento salarial a estos oficiales— no podrá ser implementada mientras no se cumplan los requisitos del Plan Fiscal y las disposiciones de PROMESA.
La ley, firmada el 12 de agosto de 2024 por el entonces gobernador Pedro Pierluisi, establece una paga base de $2,600 mensuales para los vigilantes, junto con un aumento adicional de $300. Sin embargo, la JSF advirtió en una carta enviada esta semana al director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Francisco J. Domenech, que el estatuto impone gastos no presupuestados —estimados en $1.39 millones anuales y casi $7 millones en cinco años— sin identificar fuentes de ingresos o ahorros para compensarlos.
“La medida contradice la reforma del servicio público establecida en el Plan Fiscal, al ofrecer aumentos salariales sin evaluar la estructura completa del DRNA ni seguir un proceso uniforme y basado en datos”, afirmó el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica Jr.
A la par con esta controversia, el pasado viernes 25 de julio se reportó un ausentismo del 30% entre los vigilantes, en el inicio del fin de semana largo. El secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, confirmó que en algunas unidades solo se reportó el supervisor de turno y que el impacto fue mayor al registrado durante el pasado feriado del 4 de julio.
Aunque el sindicato que representa a los vigilantes —la Local 3647 de Servidores Públicos Unidos— se desligó del llamado al llamado “green flu”, el funcionario reconoció que se trató de una protesta motivada por la falta de cumplimiento con el aumento salarial.
El secretario del DRNA aseguró que ha gestionado reuniones con la JSF y que la gobernadora Jenniffer González ha mostrado respaldo al reclamo. “Esto lo estamos trabajando intensamente. Quiero que mis vigilantes estén tranquilos”, dijo el domingo en conferencia de prensa en La Fortaleza. Sin embargo, también reconoció que el DRNA no realizó las gestiones presupuestarias requeridas en el momento oportuno.
La Junta de Supervisión estableció como fecha límite el 11 de agosto para que el gobierno entregue una estimación fiscal formal y una certificación válida sobre el impacto de la ley. Hasta entonces, advirtió que no se podrá ejecutar ningún aspecto del aumento.
