El Tribunal de Primera Instancia de San Juan denegó el interdicto preliminar y permanente solicitado por Physician Correctional para frenar la cancelación de su contrato de servicios médicos con el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Sin embargo, la jueza Thainie Reyes Ramírez determinó que el litigio por alegadas violaciones constitucionales y controversias contractuales seguirá su curso bajo un proceso ordinario.
La empresa, cuyo contrato se extiende hasta 2028 y asciende a unos $11 millones anuales, había solicitado un remedio urgente para detener lo que considera una cancelación “arbitraria y políticamente motivada” por parte del gobierno. Physician sostiene que la decisión del DCR responde a represalias debido al apoyo de sus directivos al exgobernador Pedro Pierluisi durante las primarias del PNP.
PUBLICIDAD
Tribunal by Metro Puerto Rico on Scribd
En su resolución, el tribunal explicó que los daños alegados por la compañía —como la pérdida del contrato, su reputación y personal médico— no constituyen un daño irreparable, ya que pueden ser resarcidos mediante reclamaciones civiles o compensaciones económicas. Además, recordó que la ley provee mecanismos para atender controversias contractuales sin necesidad de un interdicto extraordinario.
Physician también cuestiona que el DCR no siguió el procedimiento contractual para rescindir el acuerdo, el cual requiere notificación formal y oportunidad para subsanar incumplimientos. Además, ha criticado los informes de la firma UTICORP, usados como base para la cancelación, por considerarlos “parciales e incompletos”.
Con la sentencia parcial, el caso fue reasignado a la sala civil ordinaria, donde se evaluarán los reclamos de Physician por violación de derechos constitucionales bajo la ley federal 42 U.S.C. § 1983 y la petición de una sentencia declaratoria que defina la validez de la cancelación.
El conflicto entre el gobierno y Physician Correctional se intensificó tras el controvertido caso de Hermes Ávila Vázquez, un confinado excarcelado bajo pase extendido por recomendaciones médicas y que luego asesinó a Ivette Joan Meléndez. Aunque la gobernadora Jenniffer González Colón ha señalado este hecho como evidencia de “negligencia” para justificar la cancelación del contrato, la empresa argumenta que su participación se limitó a evaluaciones clínicas bajo el reglamento vigente y que la decisión final de liberación fue exclusiva del DCR, cuyos funcionarios fueron investigados y sancionados por irregularidades en ese proceso.