La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) elevó este lunes la presión sobre el contrato de suministro de gas natural que Genera PR propone firmar con NFEnergía LLC, al solicitar explicaciones detalladas sobre el contenido, la negociación y las consecuencias de su implementación. El gobierno tiene hasta mañana para responder incluso por qué llegaron dos versiones del contrato al ente fiscal creado por la ley federal PROMESA.
La comunicación oficial fue enviada, entre otros, al zar de energía, Josué Colón, y también a Osvaldo Carlo, presidente de la Oficina de Compras de Terceros del gobierno (3PPO), responsable del proceso de licitación. La misiva la firma el director de la Junta, Robert Mujica.
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En la carta, la JSF conecta directamente el contrato con la emergencia energética ocurrida la semana pasada, cuando la empresa New Fortress Energy (NFE) retiró del puerto de San Juan el buque Energo Princess sin entregar el gas natural destinado a las unidades 5 y 6. El retiro, según detalla el documento, afectó también a generadores temporeros en Palo Seco y San Juan, y se habría producido mientras NFE presionaba por la aprobación del nuevo contrato.
“Resulta alarmante que, según la información provista por 3PPO, NFE habría condicionado la entrega de combustible a la aprobación del contrato”, señala la JSF.
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La Junta también expresa preocupación por el hecho de que ninguna agencia del gobierno ha defendido públicamente el contrato, a pesar de que fue negociado en el marco del proceso energético liderado por 3PPO. En contraste, la única parte que ha salido en su defensa ha sido la propia NFE, que incluso ha alegado que el contrato podría representar ahorros de hasta $400 millones anuales.
En entrevista reciente Punto por Punto con Metro, el presidente de la Oficina de Compras de Terceros, Osvaldo Carlo, explicó que el contrato con NFE se desarrolló como una respuesta a la necesidad de estabilizar el suministro de combustible en un sistema frágil, aunque reconoció que no hubo mucho espacio para negociar por un contrato previo en el puerto de San Juan que le da exclusividad de acceso y gasificación a la empresa.
En la carta enviada ayer, la Junta plantea serias dudas sobre cómo se negoció, qué versiones del contrato están en circulación y quién autorizó los términos que se incluyeron.
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Entre los cambios más preocupantes identificados por la Junta están:
- Una duración fija de 15 años sin opción de revisión.
- Inclusión de cláusulas take-or-pay que obligan al gobierno a pagar aunque no consuma gas.
- Reducción de la fianza de cumplimiento de $100 millones a $10 millones.
- Eliminación de obligaciones de inversión en infraestructura de regasificación.
- Expansión de cláusulas de exclusividad que podrían dejar a la isla sin opciones alternativas.
La Junta también solicita al gobierno que aclare por qué recibió dos versiones diferentes del contrato —una de NFE y otra de 3PPO— y que identifique cuál es el documento válido para su revisión. El enfe fiscal otorgó al gobierno y a 3PPO hasta el 24 de julio para responder con una explicación detallada de los términos contractuales, la justificación del retiro del buque, claridad sobre quién lideró y autorizó la negociación y evidencia de alineamiento con el Plan Fiscal certificado.
