El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentó el martes un recurso legal en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan contra el secretario del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, por no entregar información sobre la infraestructura de las escuelas para enfrentar el calor.
Según el CPI, la periodista Tatiana Díaz Ramos solicitó el 27 de junio de 2025 copia de los informes generados por la firma M2A Group en relación a la evaluación de acondicionadores de aire en las escuelas y el estado de las subestaciones eléctricas en 709 planteles escolares.
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La petición también incluye una confirmación sobre si la empresa completó la evaluación de las más de 300 escuelas restantes antes del 30 de junio, tal como el DE había informado públicamente que ocurriría.
El CPI denunció que, a pesar de múltiples seguimientos, incluyendo llamadas y correos electrónicos, el DE no ha entregado la información.
Sin embargo, esta mañana el DE informó que ya hizo entrega de la información solicitada.
“La información sobre la infraestructura escolar es de vital interés público, especialmente cuando se trata del uso de fondos públicos para atender condiciones eléctricas y de ventilación en las escuelas, en los meses de más calor. Esta inacción del Departamento no solo obstaculiza la rendición de cuentas, sino que viola derechos constitucionales de acceso a la información que tienen la prensa y los ciudadanos”, señaló Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.
El recurso de mandamus fue presentado por los abogados Luis José Torres Asencio, Steven P. Lausell Recurt y Judith Berkan, de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. En la demanda se establece que el DE tiene un deber ministerial de entregar la información solicitada, ya que se trata de documentación pública originada y conservada por la agencia.
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“El Estado no puede negar caprichosamente ni por omisión la entrega de información generada en su gestión pública. En Puerto Rico, el acceso a la información no es una opción: es un derecho”, añadió Minet.
De cuerdo con la demanda, la negativa del DE “violenta el derecho constitucional de acceso a la información pública reconocido por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141 de 2019)”. También, se argumenta que este derecho tiene reconocimiento como derecho humano en el marco jurídico interamericano y es esencial para la participación democrática y la fiscalización ciudadana.
El CPI asegura que agotó “todos los remedios administrativos disponibles y que no existe otra vía adecuada o eficaz para obtener la información, lo que justifica la acción judicial”.