Aunque el Proyecto de la Cámara 359 –que busca promover desarrollos de vivienda asequible en los cascos urbanos– recibió apoyo mayoritario en Cámara y Senado, la Junta de Supervisión Fiscal reiteró su oposición a los incentivos contributivos propuestos y advirtió que su aprobación violaría el Plan Fiscal.
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) urgió este lunes a la gobernadora Jenniffer González Colón a no firmar el Proyecto de la Cámara 359 (PC 359), aprobado recientemente por la Legislatura, al considerar que la medida viola disposiciones del Plan Fiscal certificado y la Ley PROMESA, al proponer incentivos contributivos sin establecer límites ni fuentes de compensación para la pérdida de ingresos.
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La JSF afirmó que el proyecto, que busca modificar la Ley 182-2024, “no contiene un tope en los beneficios contributivos ni medidas de neutralidad fiscal”. Según la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), el impacto fiscal podría rondar los 31.2 millones de dólares anuales. Mientras, el ente fiscal también señaló que implementar esta medida implicaría una reprogramación presupuestaria, acción que requiere su autorización previa bajo PROMESA, la cual no ha sido solicitada.
El PC 359 fue aprobado el pasado 23 de junio en el Senado con 22 votos a favor y seis en contra, y previamente recibió 46 votos a favor en la Cámara de Representantes. La medida propone exenciones de hasta un 75 % en contribuciones sobre inmuebles y un 50 % en patentes municipales para desarrollos de vivienda asequible en los cascos urbanos, con topes de venta y alquiler de hasta 750,000 y 5,000 dólares mensuales, respectivamente. Los incentivos estarían vigentes hasta diciembre de 2026.
A pesar de que el proyecto intenta corregir las deficiencias señaladas por la JSF en la Ley 182-2024, el organismo entiende que las enmiendas son insuficientes. “El PC 359 preserva el núcleo de los incentivos originales sin proveer medidas de compensación”, sentenció la JSF en su misiva.
El proyecto recibió respaldo de sectores como el Departamento de la Vivienda, la Asociación de Alcaldes y la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR), aunque esta última solicitó múltiples enmiendas que no fueron adoptadas.
No obstante, la JSF dejó claro que, de convertirse en ley, se reserva el derecho de buscar remedios legales para impedir su implementación. “Esperamos que no sea necesario”, concluyó la carta firmada por el director ejecutivo del ente fiscal, Robert Mujica Jr.
