La Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones (APT) reiteró su oposición al Proyecto del Senado 615, al advertir que provocaría aumentos en servicios esenciales como internet y telefonía celular.
La medida, aprobada por descargue, redefine el término “canal de voz” en el Código Municipal e incluiría líneas fijas, celulares, antenas, postes, sistemas satelitales y conexiones de internet, lo que permitiría a los municipios cobrar nuevas tarifas.
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Según cálculos preliminares, el impacto contributivo podría alcanzar hasta $1.1 mil millones anuales. La APT denunció que ni la industria ni el negociado de telecomunicaciones fueron consultados durante el proceso legislativo. “El resultado práctico sería un aumento millonario en la carga contributiva, que inevitablemente afectaría el bolsillo de los consumidores”, señaló Pedro G. Andrés, presidente de la APT.
Por su parte, la vicepresidenta de la organización, Wanda Pérez Álvarez, cuestionó la ausencia de vistas públicas y la falta de análisis técnico. “Ni el regulador ni la industria fueron escuchados”, afirmó.
La pieza legislativa se radicó en el Senado por petición de la Federación de Alcaldes. El presidente del organismo, Gabriel Hernández, negó que se trate de un impuesto adicional, sino de una medida de fiscalización.
Mientras tanto, la gobernadora Jenniffer González no ha definido si firmará o vetará la medida. Aunque aseguró que la política pública del PNP no contempla aumentos contributivos, evitó comprometerse con un veto. Además, negó que sus proyectos legislativos previos sean comparables al PS 615, como alegó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Según González, sus propuestas buscaban frenar cargos no legislados en las facturas de celular, no crear nuevos impuestos.
“No es lo mismo. El proyecto que radiqué en el pasado, lo radiqué dos veces y aquel proyecto que radiqué era porque cada vez que usted recibía su factura mensual de su celular, le aparecía un cargo que no estaba legislado, que no era una imposición contributiva del Estado. Como legisladora, con el representante Jorge Colberg, radicamos la medida para ponerle un freno para que las compañías no estuvieran pasándola a los consumidores un cargo no legislado”, dijo González Colón la semana pasada en conferencia de prensa.
La APT reiteró su disposición a colaborar en cualquier revisión responsable de política pública, y advirtió que vigilará de cerca los próximos pasos del Ejecutivo.
