El secretario del Departamento de Salud (DS), Víctor Ramos Otero, confirmó este domingo que la agencia se encuentra evaluando los hallazgos revelados por la Oficina del Inspector General (OIG) en cuanto a deficiencias en manejo de fondos de Medicaid.
Los hallazgos comprende un período mayor de una década, entre el primero de julio del 2012 al 15 de julio del 2024.
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“El informe no alega que hubo actos de corrupción, que alguien se llevó dinero, que alguien hizo algo ilegal, si no que no hubieron unos informes necesarios para unos reembolsos”, expresó el titular de la agencia en conferencia de prensa.
Hallazgos de la OIG
La OIG cuestionó al menos $2 mil millones de dólares, los cuales fueron reportados con problemas en el sistema federal de pagos, mejor conocido como “Payment Management Services" (PMS, por sus siglas en inglés). Esto incluye fondos registrados en negativo y otras partidas aún bajo evaluación del gobierno federal.
En el análisis, se identificó que se usaron $120 millones de dólares de fondos estatales para pagar indemnizaciones a los Centros de Salud Federal Cualificados (FQHC, por sus siglas en inglés), aunque ese dinero no debía utilizarse para ese propósito, en violación de las reglas del Programa Medicaid.
El alcance de la evaluación de la OIG fue del 1 de julio de 2012 al 15 de julio de 2024 y surge como seguimiento a una colaboración con la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud Federal (OIG-HHS).
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Las deficiencias en el manejo de fondos federales asignados al Programa Medicaid, incluyen la subvención American Rescue Plan Payment del 2022 (ARP22). Se encontró que, de los $23.8 millones de dólares otorgados para cubrir gastos relacionados con la vacunación contra el COVID-19, el Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), denegó el reembolso de sobre $22 millones de dólares debido a errores en los informes de gastos presentados por el programa.
Además, para los años fiscales 2012-2013 al 2021-2022, el CMS emitió 21 notificaciones de ajuste (NOA, por sus siglas en inglés) que resultaron en la reducción o cancelación de fondos de $183 millones de dólares ya asignados al programa, como resultado de desaprobaciones, correcciones o ajustes en la subvención por parte del gobierno federal.
