La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón, firmó este sábado una orden ejecutiva con el propósito de “agilizar la ejecución de proyectos de reparación, reconstrucción y rehabilitación de viviendas financiados con fondos federales” CDBG-DR y CDBG-MIT.
Ambos programas son administrados por el Departamento de la Vivienda y están dirigidos principalmente a asistir a familias de escasos recursos afectadas por desastres naturales.
PUBLICIDAD
La nueva orden enmienda el Boletín Administrativo OE-2022-004, promulgado en enero de 2022, el cual establecía requisitos ambientales que, si bien buscaban proteger los ecosistemas, generaron retrasos significativos en proyectos esenciales para la recuperación de comunidades afectadas.
Según se detalla en la parte expositiva de la orden, los proyectos financiados bajo estos programas no tienen fines comerciales ni constituyen desarrollos urbanos de alto impacto. Por el contrario, están enfocados en la rehabilitación de estructuras residenciales existentes, con impacto ambiental mínimo o mitigable.
“Esta medida es un compromiso con las comunidades más vulnerables, eliminando barreras innecesarias que han impedido la reconstrucción de hogares. Con esta Orden Ejecutiva, garantizamos una respuesta más ágil, eficiente y sensible a las necesidades de vivienda en Puerto Rico”, expresó González Colón.
La nueva orden ejecutiva establece que los proyectos de vivienda financiados con fondos federales y administrados por el Departamento de la Vivienda o sus subrecipientes autorizados quedarán exentos de las restricciones impuestas por la OE-2022-004, siempre que cumplan con los requisitos ambientales estatales y federales. Además, se exime del requisito de permiso de inyección subterránea a los proyectos que incorporen sistemas de tratamiento de aguas residuales residenciales unifamiliares, conforme al Reglamento 3029.
La orden responde a la necesidad de eliminar obstáculos regulatorios que han limitado la capacidad del Gobierno para responder con urgencia a la crisis de vivienda en sectores afectados. Forma parte de una política pública más amplia para agilizar procesos administrativos, en cumplimiento con el Boletín Administrativo OE-2025-009.
PUBLICIDAD
La orden ejecutiva entra en vigor de forma inmediata.
Mientras tanto, la Oficina de la Gobernadora continúa evaluando legislación aprobada por la Legislatura. Aunque algunas medidas ya han sido aprobadas, aún deben pasar por procesos administrativos como el cotejo y la firma de los presidentes legislativos antes de ser remitidas a La Fortaleza para la consideración final de la gobernadora.
