La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, firmó este sábado tres nuevas leyes que refuerzan derechos educativos, promueven la inclusión de personas con impedimentos en actividades recreativas y fomentan la participación de jóvenes en las cooperativas del país.
La Ley 69-2025, medida de administración Proyecto del Senado 385, enmienda la Carta de Derechos del Estudiante (Ley 195-2012) y la Ley de Reforma Educativa (Ley 85-2018) para reconocer el derecho de los estudiantes a participar en programas y actividades cívico-militares en su comunidad escolar, tales como el Junio Officer Training Corps (JROTC), la Patrulla Aérea Civil y el Reserve Officer Training (ROTC).
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Asimismo, la legislación también prohíbe el discrimen y hostigamiento hacia estudiantes que participen en estas iniciativas. La medida ordena a las instituciones educativas observar las disposiciones de la “Ley contra el hostigamiento e intimidación o bullying del Gobierno de Puerto Rico”, también conocida como la “Ley Alexander Santiago Martínez”.
Por otro lado, la Ley 70-2025, medida de administración A-005 (Proyecto del Senado 384), enmienda la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos (Ley 51-1996) para establecer que el Departamento de Educación, en coordinación con los Departamentos de la Familia y de Recreación y Deportes, debe ofrecer campamentos de verano accesibles para niños con impedimentos en igualdad de condiciones que la población general.
Según se informó, actualmente, las instalaciones y servicios para esta población están segregados. La medida busca romper con ese patrón, utilizando como modelo los 39 Centros de Formación Deportiva Adaptada del DRD para crear espacios inclusivos en toda la isla.
Finalmente, la gobernadora firmó la Ley 71-2025 (Proyecto de la Cámara 220), de la autoría del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, que amplía la edad máxima para participar en los Comités de Juventud de las cooperativas de ahorro y crédito.
La nueva disposición establece que estos comités estarán compuestos por socios entre 18 y 35 años, y busca incentivar el liderazgo cooperativista juvenil en los cuerpos directivos. La medida también flexibiliza su implantación en cooperativas cerradas, según lo determine su Junta de Directores.
