La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley este miércoles el Proyecto del Senado 350, una medida que prohíbe los tratamientos de afirmación de género en menores de edad y que ha sido ampliamente rechazada por entidades médicas, profesionales de la salud mental, defensores de derechos humanos y organizaciones LGBTQ+.
La nueva Ley 63 de 2025 prohíbe expresamente intervenciones quirúrgicas y el uso de bloqueadores hormonales o terapias hormonales cruzadas en menores con el objetivo de modificar su sexo biológico como parte de una transición de género. Las violaciones conllevan penas de cárcel de hasta 15 años y la revocación de licencias profesionales. En el caso de personas jurídicas, se imponen multas de $50,000 por cada infracción y la cancelación definitiva de sus permisos de operación.
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La legislación, promovida por el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz y la senadora Joanne Rodríguez Veve, establece como política pública que tales tratamientos son ilegales, no éticos y contrarios al interés superior del menor. Aunque incluye excepciones para condiciones médicas no relacionadas con identidad de género —como la hiperplasia suprarrenal congénita o trastornos del desarrollo sexual—, prohíbe cualquier procedimiento vinculado a una transición de género, incluso con el consentimiento de madres, padres o tutores.
Reacciones de rechazo
Diversos sectores condenaron la firma de la medida. La Federación LGBTQ+ tildó a González Colón como “la gobernadora más enemiga de la equidad en la historia” y acusó a su administración de desoír el consejo de su propio secretario de Salud, así como el consenso médico. “Acaba de criminalizar a profesionales de la salud por cumplir con su deber y precarizar a menores trans y sus familias”, expresó la organización.
La presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Vivian Godineaux Villaronga, había solicitado a la gobernadora que vetara el proyecto por entender que plantea riesgos constitucionales, médicos y humanos. En una carta enviada a La Fortaleza el 14 de julio, señaló que la medida interfiere con la relación médico-paciente, criminaliza tratamientos avalados por la comunidad científica y vulnera derechos como la intimidad, la autonomía corporal y la patria potestad.
“El PS350 fue redactado sin consultar a expertos en derechos humanos, en salud o a organizaciones que trabajan con poblaciones trans. Las políticas públicas deben construirse desde la empatía, la ciencia y el respeto a la diversidad”, expresó Godineaux.
La Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional (APCP) denunció que la ley penaliza el trabajo de profesionales de la salud mental que brindan terapias a personas trans menores de 21 años, incluso con consentimiento familiar. Calificó el proyecto como “un retroceso que aumenta el riesgo de marginación, violencia estructural y daño psicosocial”.
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“Intromisión ideológica y transfóbica”
Democracia Socialista calificó el proyecto como “una intromisión ideológica, transfóbica y no científica” en la práctica médica. “El PS350 no responde a ninguna crisis salubrista ni contiene evidencia científica que justifique esta intervención legislativa. Criminaliza prácticas médicas seguras, reguladas y salvadoras de vidas”, denunció el colectivo.
La organización subrayó que, según múltiples estudios, el acceso a tratamientos de afirmación de género reduce significativamente las tasas de ideación e intento suicida en jóvenes LGBTQ+. Además, recordó que Puerto Rico tuvo la mayor incidencia de asesinatos de personas trans en EE. UU. entre 2020 y 2021.
“El PS350 sustituye el juicio clínico por el prejuicio ideológico del legislador. Exigimos a la gobernadora que no permita que se imponga un criterio antiético, discriminatorio y ajeno a la ciencia”, expresó la organización.
Oposición del sector médico y social
El Colegio de Médicos Cirujanos y el Colegio de Profesionales del Trabajo Social se unieron al reclamo de veto, advirtiendo que la ley penaliza cuidados médicos que cuentan con el respaldo de todas las principales asociaciones médicas nacionales e internacionales. Estas prácticas, sostienen, son parte de protocolos clínicos validados y mejoran el bienestar físico y emocional de las personas trans.
La APCP concluyó reafirmando que “como profesionales de la salud mental, estamos llamados a promover políticas públicas salubristas, no punitivas ni discriminatorias. Reafirmamos nuestro compromiso con la equidad, la justicia social y el respeto a la dignidad humana”.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico también había solicitado a la gobernadora vetar el Proyecto del Senado 350.
“El P. del S. 350, como está escrito, no solamente excluye, sino que crea dos categorías distintas de hijas e hijos, una que permite a los padres acceder y autorizar tratamientos si se trata de hijos cuya identidad se alinea con el sexo asignado al nacer, y otra que le prohíbe a padres el mismo derecho, si la identidad de su hijo es distinta”, señaló Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de Asuntos de Política Pública de la ACLU de Puerto Rico, en la misiva enviada a la gobernadora el 15 de julio.
