Representantes de múltiples gremios profesionales y organizaciones reguladas en Puerto Rico solicitaron este lunes a la gobernadora Jenniffer González que vete el Proyecto del Senado 6 (P. del S. 6), legislación que establecería la “Ley de Reconocimiento Universal de Licencias Ocupacionales y Profesionales en Puerto Rico”.
Durante una conferencia de prensa multisectorial, portavoces de la Asociación de Realtors, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, el Colegio de Peritos Electricistas, el Appraisal Institute Puerto Rico & Caribbean Chapter, la Asociación de Relacionistas Profesionales, entre otros, advirtieron que la medida podría tener implicaciones éticas, regulatorias y de seguridad para el ejercicio profesional en la isla.
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“Este proyecto ignora por completo que muchos oficios y profesiones requieren un conocimiento profundo del marco jurídico, técnico y ético local. Su aprobación no solo representa una desregulación riesgosa, sino una desventaja para los profesionales licenciados en Puerto Rico que sí cumplen con altos estándares”, expresó Irma Colón, presidenta de la Asociación de Realtors de Puerto Rico.
El P. del S. 6 permitiría que personas con licencias profesionales válidas en otros estados de Estados Unidos puedan ejercer en Puerto Rico sin necesidad de validar sus competencias ni su conocimiento del marco legal local. Las organizaciones señalaron además que la medida no exige seguros de responsabilidad profesional ni cumplimiento con requisitos de educación formal o continua que sí se aplican a los profesionales locales.
La ingeniera Ronda Castillo, portavoz del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, afirmó que “el Colegio reitera su compromiso con la modernización y agilización de los procesos que plantea el proyecto, pero sin comprometer la calidad, la seguridad ni la equidad profesional”.
Los gremios argumentaron que el proyecto no contempla mecanismos para establecer equivalencias entre licencias emitidas fuera de Puerto Rico y las exigencias locales, lo que, según advirtieron, podría generar controversias legales y debilitar la autoridad de las Juntas Examinadoras. También denunciaron que la medida permitiría ejercer provisionalmente en la isla sin revisión local, incluso en profesiones que implican riesgos a la salud o la seguridad pública.
Olga E. Angueira, presidenta del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, sostuvo que “más allá de promover una competencia y trato desigual a los profesionales locales, esta medida presenta un riesgo a la seguridad de nuestros ciudadanos si dichas licencias no son examinadas bajo el escrutinio de la Junta Examinadora”.
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Desde el sector de la tasación, Migdalia Rivera, vicepresidenta del Appraisal Institute Puerto Rico & Caribbean Chapter, subrayó que en su campo se requieren criterios federales estrictos, como educación formal y especializada, experiencia documentada, exámenes específicos y cumplimiento con los Estándares Uniformes de Práctica Profesional de Tasación (USPAP).
“Emitir licencias provisionales automáticas sin esa verificación no solo violaría disposiciones federales, sino que podría acarrear sanciones a la jurisdicción de Puerto Rico”, sostuvo Rivera.
La presidenta de la Asociación de Relacionistas Profesionales, Marisa Vega, advirtió que la planificación estratégica de la comunicación institucional requiere preparación y licenciamiento:
“De aprobarse este proyecto, se abriría la puerta a que personas sin la preparación ni la validación necesarias ejerzan funciones que impactan directamente la opinión pública, la credibilidad y la reputación institucional”.
Frances Berríos Meléndez, presidenta del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico (CPEPR), criticó que la medida fuera aprobada sin participación de su gremio:
“Solicitamos que sea devuelto a la Legislatura para un examen exhaustivo que incluya la participación del CPEPR y la Junta Examinadora. Es necesario proteger a los trabajadores puertorriqueños del desplazamiento profesional”.
Desde el sector financiero, Luis Raúl Padilla, presidente de la Asociación de Banca Hipotecaria (M-LOAN), expresó que permitir que profesionales externos operen sin conocimiento del sistema contributivo local, el Registro de la Propiedad y otros procesos específicos “representa un riesgo para el consumidor y una desventaja injusta para nuestros corredores”.
Por su parte, Milton Serrano, presidente de la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles, añadió:
“Pretender que cualquiera con una licencia de otro estado pueda operar aquí sin conocer nuestras leyes, sin rendir cuentas ni cumplir con la Ley 10-1994, es una irresponsabilidad”.
Los gremios concluyeron que el proyecto podría afectar sectores como salud, bienes raíces, ingeniería, contabilidad, comunicación, construcción, mecánica, plomería, tasación y electricidad. Alegaron que, al eliminar los procesos de evaluación y convalidación local, se debilita la supervisión de estándares éticos, técnicos y legales.
“Estas y otras consideraciones reflejan un escenario de alto riesgo y refuerzan la urgencia de revisar y solicitar con respeto, pero con firmeza, que la Gobernadora escuche el reclamo de los profesionales puertorriqueños y ejerza su poder de veto para proteger el ejercicio responsable, ético y competente de nuestras profesiones”, concluyó Irma Colón.
