La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil solicitó al Tribunal Supremo que condene al expresidente Jair Bolsonaro por liderar una organización criminal que intentó un golpe de Estado en enero de 2023, tras la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva. La petición incluye cargos por cinco delitos y alcanza también a otros siete implicados en la trama.
El fiscal general, Paulo Gonet, sostuvo en sus alegatos finales que Bolsonaro utilizó de forma deliberada el aparato estatal para atacar instituciones democráticas y obstaculizar el proceso de traspaso de poder. Según Gonet, el exmandatario contó con el respaldo de funcionarios y sectores estratégicos de las Fuerzas Armadas para movilizar recursos y agentes del Estado con el objetivo de propagar desinformación, generar inestabilidad social y justificar medidas autoritarias.
La Fiscalía acusa a Bolsonaro y a los demás involucrados de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, tentativa de golpe de Estado, daño a la propiedad pública y deterioro del patrimonio público.
Entre los acusados figuran el exministro de Defensa Walter Braga Netto; el exministro de Justicia Anderson Torres; el diputado y exjefe de Inteligencia Alexandre Ramagem; el excomandante de la Marina Almir Garnier; el exjefe de Seguridad Augusto Heleno y el extitular de Defensa Paulo Sergio Nogueira.
La PGR también cuestionó la conducta del exayudante de Bolsonaro, Mauro Cid. Aunque reconoció su colaboración parcial con la justicia, advirtió que omitió información clave y no cumplió plenamente con los términos acordados. Aun así, el Ministerio Público propuso una reducción de un tercio en su eventual condena.
El caso se encuentra en su etapa final y está bajo la supervisión del juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Si el tribunal halla culpable a Bolsonaro, el exmandatario podría enfrentar más de 40 años de cárcel y quedar inhabilitado de forma indefinida para ejercer cargos públicos.
Bolsonaro, por su parte, rechazó las acusaciones en un mensaje publicado en la red social X. Calificó el proceso como una “caza de brujas” y una “persecución flagrante” tanto contra él como contra sus seguidores. “Todas las acusaciones son falsas. Nunca violé la democracia ni la Constitución. Quienes violan la democracia son quienes inventan pruebas, arrestan a inocentes y abusan de su poder para silenciar a sus opositores”, afirmó.
La defensa aún podrá presentar sus argumentos antes de que el Supremo fije fecha para el juicio. Entre las pruebas del caso figuran documentos, mensajes y archivos que vinculan directamente a Bolsonaro con el intento de subversión, incluido un borrador de decreto golpista que, según el exayudante Cid, fue revisado por el propio expresidente.
Los alegatos finales de la Fiscalía coinciden con las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien denunció lo que calificó como “persecución política” contra su aliado brasileño.
En enero de 2023, miles de seguidores de Bolsonaro asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia, alegando sin pruebas que la victoria de Lula había sido producto de fraude electoral.
