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Condenan a hombre de Maryland por fraude a 28 tribunales federales de quiebra

De acuerdo con los documentos judiciales, Osakwe Ismael Osagbue llevó a cabo el esquema entre 2022 y abril de 2024

Fiscal federal de Puerto Rico, Stephen Muldrow.
Fiscal federal de Puerto Rico. Stephen Muldrow. Foto: Metro Puerto Rico / Archivo. (Dennis A. Jones)

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Un hombre del estado de Maryland fue sentenciado el lunes, 14 de julio de 2025, a siete años y seis meses de prisión por fraude por correo y electrónico, falsificación de documentos de quiebra e identidad agravada, al intentar apropiarse de más de 1.8 millones de dólares en fondos no reclamados de veintiocho tribunales de quiebra federales.

“Esta sentencia refleja el compromiso continuo de la Fiscalía Federal para procesar a quienes abusan del sistema mediante esquemas sofisticados de fraude”, dijo W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, en declaraciones escritas.

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De acuerdo con los documentos judiciales, Osakwe Ismael Osagbue llevó a cabo el esquema entre 2022 y abril de 2024, utilizando el sistema de acceso electrónico PACER para identificar casos con fondos no reclamados. Luego enviaba solicitudes falsas con nombres, números de seguro social y firmas de personas ajenas al fraude, con el fin de redirigir esos fondos a cuentas bancarias bajo su control.

Los tribunales impactados incluyen el del Distrito de Puerto Rico, que fue quien notificó el esquema a las autoridades, así como otros veintisiete tribunales federales en estados como Florida, Nueva York, Ohio, Nueva Jersey, Connecticut, Alabama, y el Distrito de Columbia, entre otros.

“Solicitar pagos falsos de fondos no reclamados atenta contra la integridad del sistema de quiebra. Esta sentencia contribuirá a protegerlo”, expresó Monsita Lecaroz-Arribas, fiduciaria auxiliar del Tribunal de Quiebras del Distrito de Puerto Rico.

La investigación estuvo a cargo del Servicio Secreto de los Estados Unidos como parte de su esfuerzo para combatir delitos financieros complejos que amenazan la seguridad económica del país. El caso fue procesado por los fiscales auxiliares José Capó-Iriarte y José Carlos Díaz-Vega, del Departamento de Justicia y la Oficina del Fiduciario de Estados Unidos en San Juan.

La Oficina de Ejecución Criminal del Programa del Fiduciario de Estados Unidos también colaboró como parte de su misión de proteger la integridad del sistema de quiebras en los Estados Unidos y Puerto Rico.

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