La Corte Suprema de Estados Unidos levantó este lunes una orden judicial que impedía al expresidente Donald Trump ejecutar despidos masivos en el Departamento de Educación, permitiendo así la eliminación de cerca de 1,400 puestos de trabajo en la agencia federal.
Con una mayoría no especificada, el alto foro dejó sin efecto una medida cautelar impuesta por un tribunal inferior, que buscaba frenar los ceses mientras se evaluaban múltiples demandas presentadas por fiscales estatales, sindicatos de maestros y organizaciones educativas.
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La decisión representa un importante revés para los opositores a la reestructuración propuesta por Trump, quien ha impulsado una política agresiva para desmantelar agencias federales y reducir el tamaño del gobierno.
Dura disidencia de Sotomayor
En una opinión disidente, la jueza Sonia Sotomayor, respaldada por sus colegas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, acusó a la mayoría de la Corte de autorizar una acción “potencialmente ilegal” por parte del Ejecutivo.
“La Corte hoy le da luz verde al gobierno para continuar despidos que podrían ser irreversibles y que afectan directamente la administración de programas educativos esenciales”, escribió Sotomayor. “Esta es una validación peligrosa de medidas que el Poder Judicial tiene el deber constitucional de examinar”.
La jueza subrayó que el levantamiento de la orden cautelar socava el principio de control judicial frente a decisiones unilaterales del Ejecutivo, en especial cuando están en juego derechos fundamentales de estudiantes, familias y empleados públicos.
Un conflicto en marcha
La controversia comenzó en marzo, cuando Trump firmó una orden ejecutiva que reducía drásticamente las operaciones del Departamento de Educación, transfiriendo parte de sus funciones a otras dependencias federales. Desde entonces, cerca de 1,400 empleados han estado en licencia administrativa con paga, a la espera de una decisión final.
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Las demandas alegan que los despidos violan leyes aprobadas por el Congreso que obligan a la agencia a garantizar servicios como la administración de préstamos estudiantiles, programas de educación especial y protección de derechos civiles en el ámbito educativo.
Con esta decisión, el gobierno podrá seguir adelante con los despidos mientras continúa el litigio en tribunales inferiores.
