El comisionado residente en Washington D.C., Pablo José Hernández Rivera, reaccionó este lunes a la crisis energética que enfrenta Puerto Rico asegurando que el Gobierno no tomó las medidas necesarias a tiempo.
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“La estrategia energética del Gobierno ha colapsado en medio de la temporada de huracanes.
El pueblo de Puerto Rico está pagando el precio por la falta de planificación y ejecución de un Gobierno que tuvo tiempo, tuvo advertencias, y ahora enfrenta las consecuencias de sus decisiones", comenzó diciendo Hernández Rivera en declaraciones escritas.
Posteriormente, enumeró las veces que “advirtió” al Estado que debían tomar acción de cara a la Temporada de Huracanes 2025 y al tiempo de mayor demanda energética en el país, el verano.
“En marzo, advertí que el sistema eléctrico colapsaría este verano si el Gobierno no aseguraba generación temporera a tiempo. Como era cuesta arriba conseguir esa generación temporera a tiempo, propuse que preparara un Plan B de transparencia y mitigación para los relevos de carga. El Gobierno no lo hizo.
En mayo, pedí que el Gobierno protegiera los más de $300 millones de dólares en fondos federales para energía solar. Estos fondos hubieran aportado diversidad y resiliencia al sistema energético. El Gobierno trabajó con la administración Trump para reasignar esos fondos.
En junio, alerté sobre las irregularidades en el proceso de subasta para la generación temporera y reiteré la necesidad urgente de un Plan B porque veía que no estábamos preparados. El Gobierno no actuó“, precisó el funcionario.
Posteriormente, lamentó que la unidad #2 de la Central Aguirre quedara fuera de servicio y que se reportara un déficit de generación que provocará relevos de carga.
“Los tribunales han paralizado los contratos de generación temporera debido a irregularidades en los procesos.
La Junta de Supervisión Fiscal canceló el contrato defectuoso que el Gobierno firmó con New Fortress. En aparente represalia, la empresa ha suspendido el suministro de gas, agravando la crisis y enfatizando la importancia de tener diversas fuentes de energía, como la solar para la cual el Gobierno renunció a más de $300 millones. Como si fuera poco, dentro de esta crisis, el Gobierno accedió a subir el costo de la luz, después de negar que lo haría", añadió.
Finalmente, Hernández Rivera prometió trabajar desde el Congreso para “resolver nuestra crisis energética y abaratar nuestro costo de vida”.
“Puerto Rico no merece este desorden”, concluyó.
El sistema energético de Puerto Rico entró este fin de semana en modo de contingencia, luego de que dos eventos simultáneos dejaran fuera de operación a plantas clave en San Juan y Aguirre, responsables de parte significativa de la capacidad generatriz de la Isla.
La acción fue denunciada como un incumplimiento contractual grave por el zar de energía, Josué A. Colón-Ortiz, quien exigió a NFE el regreso inmediato del buque y advirtió sobre consecuencias legales. Incluso, este lunes la gobernadora, Jenniffer González Colón, advirtió hoy a la empresa que hará “valer el contrato que está vigente”, destacando que están ‘’violando el contrato de suplido de energía’’.
El segundo golpe llegó con la avería súbita de la unidad #2 de la Central Aguirre el viernes 11 de julio, producto de una falla en su transformador principal. La planta quedó fuera de servicio, y su reparación fue estimada para este lunes 14, una fecha que ahora está bajo escrutinio.
En cartas separadas enviadas el domingo 13 de julio, Colón-Ortiz —en representación del gobierno y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (P3A)— solicitó a Genera PR, operador privado de ambas instalaciones, una respuesta urgente y detallada sobre:
- Los planes alternos para garantizar combustible a las unidades 5 y 6 de San Juan
- El estado actual del proceso de reparación de Aguirre #2
- Un cronograma técnico hora por hora hasta su reactivación
- Identificación del personal, suplidores y equipos críticos desplegados
- Informes de progreso cada cuatro horas a partir de la noche del sábado
El zar de energía advirtió que cualquier incumplimiento en estas metas activaría cláusulas de rendimiento y posibles penalidades bajo el contrato de operación y mantenimiento (GOMA), firmado en 2023 entre Genera PR, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y P3A.
“Dada la importancia de estas unidades para mantener la estabilidad del sistema eléctrico, incluso un breve retraso podría comprometer el servicio a cientos de miles de ciudadanos”, subrayó Colón en una de las misivas.
La situación pone de manifiesto los riesgos acumulativos del modelo actual, que delega la operación de activos críticos en terceros bajo contratos separados de suministro y mantenimiento. La falta de coordinación, según analistas, podría amplificar vulnerabilidades en momentos de alta demanda, como los que se experimentan durante el verano.
El Gobierno espera una respuesta formal de Genera PR, mientras mantiene comunicación directa con operadores y agencias regulatorias para evitar apagones masivos. Las unidades afectadas aportan una capacidad clave para balancear el sistema en la zona metropolitana y el sur.
