La decisión de la empresa New Fortress Energy (NFE) de cortar el suministro de gas natural a Puerto Rico provocó reacciones inmediatas entre legisladores de los tres principales partidos quienes advirtieron que esta medida agrava la crisis energética que enfrenta la isla, en medio de temperaturas récord y una infraestructura de generación limitada.
Los funcionarios coincidieron en que el acto revela fallas en la fiscalización del contrato y pone en duda la legalidad de la relación entre el Estado y la compañía.
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New Fortress alegó que el Gobierno de Puerto Rico le debe millones desde 2020 por un supuesto incumplimiento contractual. No obstante, el Ejecutivo rechazó esa reclamación y aseguró que la acción de la empresa fue una represalia tras la congelación, por parte de la Junta de Control Fiscal, de una enmienda al contrato que hubiera comprometido al país por otros quince años.
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Desde el Senado, el legislador del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, criticó el poder que ostenta la empresa y el control exclusivo que ejerce sobre el puerto de gas natural en San Juan. “Yo lo tomo como un chantaje, que no se justifica”, dijo. Ríos denunció que NFE actúa como un monopolio tras recibir control del puerto por 20 años, bloqueando la entrada de proveedores alternos.
“Hay otros proveedores mundiales que pudieran ahorrar hasta 900 billones en compra de combustible a Puerto Rico, pero que su escollo es casualmente New Fortress y su monopolio”, dijo.
El senador anunció que ya radicó una investigación y que el Senado celebrará vistas públicas para examinar los términos del contrato y la legalidad del vínculo con la empresa. Señaló que la Legislatura no puede invalidar directamente un contrato, pero sí puede “arrojar los sobredatos que pudieran provocar la invalidación”. Añadió que el enfoque debe estar en si hubo incumplimiento o mala fe al momento de otorgarlo.
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“Los contratos son legales hasta que se impugnan. Y si la impugnación surge, que no necesariamente estaban todos los datos y que una de las partes no actuó de buena fe, ahí va a ser legal para impugnar o anular”, comentó.
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Por su parte, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, también calificó la decisión de NFE como una presión inaceptable. “Evidentemente es una movida chantajista”, afirmó. Señaló que la situación actual se deriva de errores administrativos acumulados desde al menos el 2020, cuando NFE fue señalada por presuntamente cobrar por gas que no entregó, sin que el Estado impusiera sanciones.
“¿Cómo es posible que en la negociación de un contrato que involucra miles de millones de dólares, no hay un procedimiento estipulado para finiquitar ese tipo de controversia o para imponer algún tipo de sanción si en efecto el incumplimiento es como se reclamó en el 2020?”, cuestionó.
Santiago recordó que la misma empresa que ahora interrumpió el servicio era la que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) intentaba contratar nuevamente por 15 años bajo condiciones que describió como “tan onerosas” que provocaron la intervención de la Junta Fiscal. “Aquí tiene que dar explicaciones el Estado”, sostuvo. A su juicio, lo ocurrido demuestra el atraso del país en su transición energética.
“La gasificación era una novedad hace 30 años. Hoy estamos arrastrando el que no se hayan tomado determinaciones racionales e inteligentes para la transición a otras formas de generación”, comentó la legisladora.
En la Cámara de Representantes, el legislador José Varela también criticó el momento y la forma del corte de suministro por parte de NFE. Aunque aclaró que no integra actualmente la Comisión de Energía, afirmó que la decisión afecta directamente a la ciudadanía, sobre todo durante los meses de mayor demanda.
“Nos pone en una situación difícil, porque ahora es el tiempo de mayor consumo y que la mayoría de las plantas operan con gas, pues la podemos pasar difícil y poder ver mayores interrupciones en el sistema eléctrico”, sostuvo.
Varela cuestionó por qué NFE reclama ahora una deuda de cuatro años atrás. “Han pasado cuatro años y ahora es que vienen a alegar ese incumplimiento por parte del Gobierno de Puerto Rico”, expresó.
Además, recordó que ya se había alertado sobre la precaria situación financiera de la matriz de NFE, lo cual, según dijo, debió impulsar una fiscalización más rigurosa. “Lo importante aquí es solucionarlo a la mayor brevedad”, añadió. “
Según el gobierno, no existe base legal para el reclamo económico de NFE y el contrato vigente no establece un mecanismo automático que justifique el corte de suministro. Hasta el momento, New Fortress no ha emitido declaraciones públicas en respuesta a los señalamientos de los legisladores ni ha reaccionado a la acusación de represalia contractual. La Junta de Control Fiscal continúa evaluando la enmienda congelada, cuya revisión generó esta nueva controversia.
