La Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional (APCP) solicitó este domingo que el Proyecto del Senado 350 (PS350) no se convierta en ley, al considerar que criminaliza a profesionales de la salud mental por ofrecer terapias a personas trans menores de 21 años, incluso con el consentimiento de sus padres o madres.
El PS350 fue presentado por el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz y la senadora Joanne Rodríguez Veve para establecer la “Ley para la protección de la salud y el bienestar de los menores de Puerto Rico”.
Según la exposición de motivos del proyecto, su objetivo es “proteger la integridad física y emocional de los niños y adolescentes, prohibiendo intervenciones médicas o quirúrgicas que busquen modificar la biología de su sexo bajo el pretexto de una transición de género”.
Ante esto, la APCP aseguró que el proyecto es un “retroceso” e incrementa el daño psicosocial a personas trans y no binarias.
“Nos oponemos contundentemente al PS350. Este proyecto representa un retroceso que aumenta el riesgo de marginación, violencia estructural y daño psicosocial a personas trans y no binarias. En la APCP rechazamos esta y cualquier otra medida legislativa que perpetúe la estigmatización y exclusión de poblaciones vulnerables”, reza la resolución de la entidad.
De la misma forma, la entidad Democracia Socialista le solicitó a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, que vete el proyecto, al considerarlo un “menosprecio a la ciencia y a los estándares internacionales de salud”.
“El PS 350, muy resumidamente, interfiere ilegalmente con la práctica de la medicina, imponiendo el criterio transfóbico, discriminatorio y no científico del legislador Rivera Schatz y su coalición de derecha sobre el criterio médico, la ética y las mejores prácticas de la medicina. El protocolo médico está altamente regulado en Puerto Rico; sin embargo, el PS 350 no contiene estudio científico alguno, ni menciona situaciones reales ni crisis salubrista existente que amerite o justifique que este proyecto se convierta en ley", sostuvo el ente.
Y añadieron: “En claro menosprecio a la ciencia y a los estándares internacionales de salud, el legislador Rivera Schatz pretende interferir con la relación médico paciente para prohibirle a profesionales de la salud proveer ciertos tratamientos hormonales y servicios de salud a menores de edad solo porque son de la comunidad LGBTQ+. Además, el PS 350 criminaliza la práctica de la medicina imponiendo 15 años fijos de pena de reclusión y la revocación de la licencia profesiona".
Asimismo, el grupo indicó que la juventud LGBTQ+ necesita aún más protección y acceso a cuidados de salud.
“Lo cierto es que los tratamientos hormonales, además de ser reversibles, salvan las vidas de la juventud LGBTQ+. Varios estudios demuestran que el 40% de la juventud LGBTQ+ considera seriamente el suicidio en algún momento y que el 18% intenta suicidarse. Asimismo, Puerto Rico se convirtió en la jurisdicción de todo EE. UU. con la mayor incidencia de asesinatos a personas trans de 2020 a 2021. Exigimos a la gobernadora que vete el PS 350 y que no siga permitiendo que la legislatura sustituya el criterio médico por un criterio discriminatorio, nocientífico y antiético al vulnerar no solo a la comunidad LGBTQ+, sino también los derechos de servicio médico no discriminatorio de toda persona que resida en Puerto Rico“, abundó el colectivo.
En estos pasados días, tanto el Colegio de Médicos Cirujanos como el Colegio de Profesionales del Trabajo Social exigieron un veto de esta medida que establece una pena de reclusión de 15 años, una multa de $50,000 y la revocación de las licencias de los profesionales de la salud que realicen a menores de 21 años terapias de afirmación de género, las cuales están aprobadas por todas las asociaciones médicas a nivel nacional e internacional.
Finalmente, la APCP concluyó aseverando que “como profesionales de la salud mental, estamos llamados a promover políticas públicas salubristas, no punitivas ni discriminatorias. Reafirmamos nuestro compromiso con la equidad, la justicia social y el respeto a la dignidad humana de todas las personas”.
