La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA) rechazó las expresiones de la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Maricarmen Zapata, sobre posibles cambios a la política de medición neta como parte de la revisión tarifaria en curso. Según la entidad, dicha propuesta es ilegal y socava un derecho protegido por ley.
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“La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) está equivocada en sus planteamientos sobre la medición neta. No es legal proponer cambios a la medición neta dentro del caso de revisión tarifaria. La medición neta está fuertemente protegida por ley, y además, los beneficios financieros para los clientes superan por mucho cualquier supuesto costo”, afirmó el director de Política Pública de SESA, Javier Rúa-Jovet en declaraciones escritas.
Zapata indicó a Metro que la política actual de medición neta le genera pérdidas a la AEE porque compensa a los clientes solares, los llamados prosumidores, al mismo precio que la corporación vende la energía, sin que estos paguen por los costos de transmisión, distribución y administración. A su juicio, esto obliga a aumentar la tarifa del resto de los abonados.
Rúa-Jovet contradijo ese planteamiento al subrayar que los sistemas solares con baterías no representan un costo para la corporación, sino que, al contrario, aportan al sistema eléctrico.
“Los 1,200 MW de energía solar bajo medición neta que ya están en la red representan el recurso más grande y confiable del sistema eléctrico, evitando más del 25% de los apagones que de otro modo estarían ocurriendo hoy”, sostuvo.
Rúa-Jovet también insistió en que cualquier intento de alterar la medición neta, incluso dentro de una revisión tarifaria, carece de fundamento legal.
“Por virtud de ley, dicho programa está protegido al menos hasta el año 2030. Por lo tanto, cualquier propuesta para trastocar la medición neta, venga de donde venga, carece de validez legal y es totalmente improcedente”, afirmó.
SESA citó estudios, como uno publicado por la firma Gabel Associates, para argumentar que la medición neta ofrece beneficios socioeconómicos a todos los abonados. Advirtieron, además, que eliminar o limitar ese mecanismo de compensación volvería “prohibitivamente caros” los sistemas solares, perjudicando particularmente a las familias más vulnerables.
“Sin la medición neta –que acredita 1:1 a los clientes por la energía limpia que exporten a la red eléctrica– los sistemas solares se volverían prohibitivamente caros y la gente no podría costearlos. Cualquier reducción o limitación a la medición neta perjudicaría a todos los puertorriqueños”, agregó Rúa-Jovet.
La Asociación recordó que es parte interventora en el proceso tarifario ante el Negociado de Energía de Puerto Rico y que continuará defendiendo “el derecho a la medición neta y el derecho de todos los puertorriqueños a salvar sus vidas y negocios con energía solar y baterías”.
A la crítica se sumó también la del director ejecutivo de la organización comunitaria Casa Pueblo, Arturo Massol Deyá, quien calificó como “un insulto y una agresión” la propuesta de la AEE.
“Esta política, igual que la amenaza de alzas tarifarias de parte de LUMA Energy y Genera PR, están dirigidas a favorecer la privatización y privilegiar a estas empresas usureras, y también a quienes quieren construir nuevas plantas de gas y crear conflictos con gasoductos que son evidentemente innecesarios”, expresó.
Massol Deyá aseguró que penalizar a quienes invierten en soluciones de energía renovable tendría efectos adversos en la economía y el desarrollo social.
“Con esta acción, pretenden castigar a quienes invierten en la solución, quienes han aportado a una generación eléctrica significativa con el sol, quienes adquirieron sus sistemas con sacrificio, y quienes suscribieron acuerdos contractuales o tomaron préstamos en cooperativas para poder tener seguridad energética”, afirmó.
Asimismo, destacó que la medición neta ha sido clave en la transición energética del país, al permitir que un gigavatio de energía solar esté activo gracias a la iniciativa ciudadana, ante la ausencia de acción gubernamental.
Subrayó también que esta energía ayuda a evitar apagones y subsidia la electricidad de las escuelas públicas. “El 25 por ciento de ese excedente de energía va para subsidiar la electricidad que se consume en las escuelas”, puntualizó.
Asimismo, criticó que se pretenda cobrar por transmisión y distribución a quienes producen energía directamente en sus hogares.
“¿Cobrarle a la gente que produce en su casa, en el punto de consumo, por transmisión y distribución? Es absurdo”, manifestó.
Massol Deyá denunció además que LUMA capitaliza el excedente de energía solar sin invertir en su producción.
“Cuando LUMA vende ese kilovatio-hora a 25 centavos, la mitad de ese costo corresponde a la compra de combustible. Pero es que ese kilovatio no se originó con petróleo, gas ni carbón, sino con el sol”, señaló.
“Nos tendremos que organizar, manifestarnos y resistir, porque no podemos dejar que el gobierno castigue la ruta de cambio”, concluyó.
Por su parte, la directora del Sierra Club Puerto Rico, Hernaliz Vázquez condenó la propuesta de la directora ejecutiva Autoridad denunciando que la medida es un ataque directo contra el acceso equitativo a la energía renovable y un retroceso en los esfuerzos por construir un futuro energético sustentable.
“Es una falta de respeto que las miles de familias que se han tenido que buscar alternativas ante los altos costos de energía y los constantes apagones sean ahora penalizadas con aumentos injustos”, expresó Hernaliz Vázquez.
“Urjo al Gobierno de Puerto Rico a poner primero a la gente y a identificar el verdadero despilfarro de dinero que se llama LUMA y Genera”, resaltó la directora ejecutiva.
Vázquez detalló que la AEE pretende imponer un modelo tarifario “escalonado reduciendo progresivamente la compensación actual a los clientes con placas solares”. Indicó que el nuevo modelo obligaría a estos ciudadanos a cubrir los costos de transmisión, distribución y administración, aunque produzcan su propia energía durante el día.
“Lo que está planteando la AEE es un castigo al ciudadano responsable que ha decidido invertir en sistemas solares para asegurar un servicio estable en su hogar, reducir su huella de carbono y proteger a su familia”, añadió Vázquez.
“No se puede seguir construyendo un sistema eléctrico en contra de las personas. El verdadero problema es la mala administración, los contratos leoninos y las pérdidas millonarias, no las familias que, muchas de ellas no han tenido otra opción que adquirir sus sistemas de energía solar para generar su propia luz”, continuó.
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