La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este martes al Gobierno del presidente Donald Trump a reanudar sus planes de despidos masivos en agencias federales, al anular una orden judicial que bloqueaba la ejecución de miles de ceses laborales como parte de una ambiciosa estrategia para reducir el tamaño del aparato estatal.
La resolución del alto tribunal representa una victoria significativa para la Casa Blanca, que había solicitado la intervención urgente del Supremo tras una cadena de reveses legales en instancias inferiores.
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El fallo revoca la orden preliminar dictada el 22 de mayo por la jueza Susan Illston, del Tribunal de Distrito del Norte de California, que impedía a la administración continuar con los llamados reductions in force (RIF), una fórmula administrativa utilizada para eliminar empleos en masa dentro del Ejecutivo federal.
En su momento, Illston había considerado que la administración actuaba sin respaldo legal del Congreso y violaba procedimientos establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo. Su decisión frenaba no solo los despidos ya programados, sino también la colocación de empleados en licencias administrativas con paga, en un intento por evitar daños irreparables mientras se resolvía el fondo del litigio.
La semana pasada, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito se negó a suspender esa medida cautelar, lo que motivó al Departamento de Justicia a presentar una nueva solicitud de auxilio ante la Corte Suprema. En su petición, el procurador general D. John Sauer calificó de “jurídicamente insostenible” el criterio de la jueza Illston, al sostener que el presidente no necesita autorización legislativa para gestionar la plantilla del Ejecutivo, una facultad que, según el Gobierno, emana directamente del Artículo II de la Constitución.
El fallo del Supremo, que no fue firmado pero que contó con una disidencia expresa de la jueza Ketanji Brown Jackson, revierte la prohibición impuesta por Illston y devuelve a la Casa Blanca el control sobre la reestructuración de su personal. La decisión no resuelve el fondo del conflicto legal, pero sí elimina uno de los principales obstáculos que impedía avanzar con los despidos.
El impacto inmediato de la sentencia será parcial. Otras órdenes judiciales continúan en vigor en tribunales federales de menor jerarquía, por lo que la ejecución total del plan dependerá del desenlace de esas causas paralelas.
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No obstante, la decisión del Supremo permite a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) reanudar internamente los procesos para eliminar plazas en al menos 21 agencias, entre ellas Agricultura, Comercio, Estado, Salud y Servicios Humanos, Tesoro y Asuntos de Veteranos.
El plan de despidos es una pieza central del segundo mandato de Donald Trump, quien ha prometido reducir drásticamente el tamaño del Gobierno federal y eliminar lo que describe como una burocracia sobredimensionada y políticamente hostil. Desde marzo, más de 20,000 empleados públicos han sido puestos en licencia administrativa con sueldo, mientras se definía la validez de los RIF.
La jueza Jackson, en su disenso, advirtió que la Corte estaba permitiendo al Gobierno federal ejecutar acciones de enorme alcance sin el escrutinio legal adecuado. “El poder presidencial no es absoluto”, escribió, “y la autoridad sobre el empleo público no está exenta de límites legales”.
