La administración Trump anunció este lunes la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para aproximadamente 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses, poniendo fin a más de dos décadas de protección contra la deportación para nacionales de ambos países que llegaron tras desastres naturales en 1999.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la medida argumentando que ya no existen condiciones extraordinarias que justifiquen mantener esta protección. En palabras de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, “el Estatus de Protección Temporal fue diseñado para ser precisamente eso: temporal. Está claro que el Gobierno de Honduras ha tomado todas las medidas necesarias para superar los efectos del huracán Mitch, ocurrido hace casi 27 años.”
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La decisión, publicada como borrador en el Federal Register, indica que la medida entrará en vigor próximamente, afectando a migrantes que, hasta ahora, podían vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos bajo este amparo.
Fin de una protección histórica
El TPS es un programa humanitario establecido en 1990 para proteger a personas de países afectados por conflictos armados o desastres naturales, ofreciendo un alivio temporal para evitar deportaciones forzadas. Honduras y Nicaragua recibieron esta designación en 1999 tras el huracán Mitch, una de las catástrofes naturales más devastadoras de la región.
Aunque ha sido renovado por administraciones demócratas y republicanas, el programa ha sido blanco constante de críticas por parte de sectores conservadores que argumentan que el TPS ha servido como una residencia de facto, prolongando indefinidamente la estadía de migrantes.
Reacciones y perspectivas legales
La revocación del TPS ha provocado rechazo entre defensores de derechos humanos y organizaciones proinmigrantes, que advierten sobre el riesgo de deportaciones masivas a países que, en su opinión, aún enfrentan crisis políticas y sociales.
Karen Suárez, abogada del Centro Nacional para Refugiados, señaló que “terminar el TPS en este contexto es una acción arbitraria y peligrosa, pues muchos de estos migrantes llevan años construyendo sus vidas en EE. UU. y enfrentan situaciones inseguras en sus países de origen.”
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Se espera que la administración otorgue un periodo de gracia antes de la terminación definitiva, pero la medida seguramente enfrentará impugnaciones legales, dado que decisiones similares han sido frenadas por tribunales en el pasado.
