El caso de Miguel Ángel González Varela, el sexagenario acusado de asesinar a Whisler Jared Rancel Galarza tras una presunta agresión contra su hija ha generado un debate público sobre los límites entre la indignación moral y el marco legal. Tanto la exjueza Lauracelis Roque y el presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), Ariel Torres, coincidieron en que la acción del padre no constituye legítima defensa y que su conducta enfrenta sanciones penales.
“Desde el punto de vista legal, esto no aplica como legítima defensa. Él lo hizo, lo pensó. No fue un acto de reacción inmediata ante una amenaza inminente”, explicó Roque, quien subrayó que, aunque se comprende la frustración de un padre ante un daño hacia su hija, existen procesos judiciales establecidos que deben respetarse.
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Roque señaló que, si bien la defensa podría explorar el argumento de una perturbación emocional extrema, ello requeriría prueba pericial, típicamente mediante evaluación psicológica.
“Tendrían que demostrar que no estaba en control de sus actos, que actuó en un estado emocional alterado. Pero no es una defensa automática, y no elimina el hecho de que hubo una decisión consciente de hacer justicia por su cuenta”, agregó.
La exjueza hizo un llamado a confiar en el sistema judicial, aunque reconoció que el proceso puede parecer lento o complicado.
“Hay que esperar a que se acuse formalmente, que se vean las vistas preliminares, y que el caso llegue a juicio. Para eso tenemos un Poder Judicial”, indicó.
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Por su parte, Ariel Torres, presidente de CODEPOLA, reconoció la carga emocional del caso, pero sostuvo que el Código Penal es claro ya que “no se puede tomar la justicia en las manos”.
“Como padre, yo lo entiendo perfectamente. Pero no es legítima defensa. Si él hubiese estado presente durante la agresión, ahí sí aplicaba. Pero no fue así. Llegó después, buscó al hombre y lo mató. Eso, legalmente, es otra cosa”, dijo.
Torres detalló que la legítima defensa de terceros requiere que la amenaza sea actual, real y que no haya otra forma de impedirla.
“No basta con que se haya cometido una agresión previa. La ley exige inmediatez y proporcionalidad. En este caso, hubo una reacción motivada por coraje, por impotencia. Pero no justifica el acto”, afirmó.
Ambos expertos recalcaron que este tipo de hechos, aunque generan empatía pública, no pueden ser legitimados desde el derecho.
“La sangre pesa, sí. Pero no podemos avalar que las personas se tomen la justicia por sus manos. Para eso existe el debido proceso. También no se puede criminalizar a los que cometen estos actos, pues siempre existe una presunción de inocencia, también, eso es bien importante.”, concluyó Roque.
