El presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Johnny Rodríguez Ortiz, criticó la justificación del gobierno para aumentar la tarifa de electricidad en dos centavos por kilovatio hora con el fin de cubrir el pago recurrente de las pensiones. Señaló que existen alternativas viables que no implican trasladar el costo al bolsillo del consumidor.
“El gobierno dice que no hay otra opción que subir la factura de la luz para pagar las pensiones, pero nosotros sometimos una propuesta actualizada, elaborada por los actuarios del sistema de retiro, que busca resolver de una vez por todas la incertidumbre sobre el pago de las pensiones”, afirmó. Indicó que recientemente solicitaron una reunión con la gobernadora para discutir esta propuesta, pero no han recibido respuesta.
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El pasado domingo, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Hiram Torres Montalvo, afirmó que el aumento de 1.88 centavos por kilovatio-hora en la tarifa de luz es la única opción viable para financiar permanentemente las pensiones de unos 12,500 jubilados de la AEE.
Indicó que la medida fue ordenada por la Junta de Supervisión Fiscal y está bajo evaluación del Negociado de Energía, que tiene 30 días para decidir. Actualmente, las pensiones se están cubriendo con préstamos del Fondo General que ascienden a $25 millones mensuales desde marzo, una medida que expira en septiembre. Señaló que, tras una reducción previa en la tarifa, el impacto neto del alza sería de unos 1.2 centavos por kWh.
El líder de los jubilados explicó que el aumento anunciado, sumado a otros incrementos pendientes, podría llevar la tarifa a niveles impagables.
“El costo actual por kilovatio hora está en 31 centavos. Si le agregan 11 centavos más, serían 42, sin contar el plan de ajuste de la deuda y futuros costos por combustible y compra de energía, lo que podría llevar la tarifa hasta 50 centavos. Eso es imposible de pagar”, advirtió.
Por otro lado, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, calificó el aumento como “totalmente innecesario” y denunció que hay fondos suficientes si se recupera el dinero transferido a LUMA Energy.
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“A LUMA se le han transferido en calidad de préstamos casi 500 millones de dólares que podrían cubrir las pensiones al menos hasta que finalice el proceso de reestructuración de la deuda. No hay justificación para seguir cargando el bolsillo del consumidor cuando el dinero está disponible, pero está siendo mal utilizado,” afirmó.
Figueroa Jaramillo recordó que el primer año de operación de LUMA Energy se generó un déficit de 50 millones que fue cubierto con fondos especiales y que solo el año pasado se transfirieron 456 millones de dólares provenientes de reembolsos logrados por la AEE.
“Lo que se tiene que hacer es recuperar el dinero transferido a LUMA y cancelar este costoso contrato que drena los recursos públicos. Aquí los responsables directos de asegurar los fondos de las pensiones son la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Puerto Rico. El pueblo no aguanta un aumento más,” insistió.
El líder sindical añadió que con lo que se paga a LUMA por cargos de servicio y los fondos adicionales asignados a su presupuesto, más alto que el presupuesto que manejaba la propia Autoridad, se podrían cubrir los 1.88 centavos por kilovatio hora que propone la directora ejecutiva de la AEE como aumento.
“Toda parece indicar que, para la directora ejecutiva, la Junta de Control Fiscal y LUMA, es más fácil que el pueblo pague por su incompetencia y decisiones erradas que asumir su responsabilidad y cancelar este contrato que le ha costado demasiado caro al país,” concluyó.
Rodríguez Ortiz también señaló que la privatización y la mala gestión han afectado negativamente al sistema eléctrico.
“Luma le debe dinero a la Autoridad, incluyendo reembolsos de FEMA por más de 500 millones de dólares que no han remitido. Esto afecta la capacidad de la AEE para cumplir con sus obligaciones sin aumentar la tarifa,” añadió.
Ambos líderes coincidieron en la preocupación que genera la situación para los jubilados, muchos de ellos de avanzada edad que dependen de sus pensiones para cuidados esenciales. Además, anunciaron que continuarán protestando semanalmente frente a la Junta de Control Fiscal y la Fortaleza hasta obtener una solución.
