El Senado de Puerto Rico aprobó por unanimidad el Proyecto de la Cámara 632, una medida que busca establecer la colocación de códigos QR en todas las escuelas y universidades públicas y privadas del país.
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Estos códigos estarán vinculados al Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores del Departamento de Justicia.
La medida, de la autoría de la vicepresidenta del Senado y presidenta de la Comisión de Recursos Naturales, Marissa “Marissita” Jiménez, fue avalada con una votación de 28-0.
“Las cifras que estamos observando de 136 casos de maltrato sexual a menores en lo que va del año fiscal federal es alarmante y nos tiene que mover a tomar acciones concretas que ayuden a las agencias de ley y orden a erradicar este terrible mal social. Entre las propuestas que estamos presentando se encuentra la creación de un QR Code para ser colocado en letreros en la entrada de cada escuela y universidad en Puerto Rico, sin distinción de que sea una pública o privada. Ese código contendrá la ubicación de toda persona convicta por delitos de maltrato a menores y/o ofensa sexuales, como detalla el Registro de Ofensores Sexuales del Departamento de Justicia”, expresó Jiménez.
La senadora también argumentó que se trata de una herramienta de prevención que podría resultar útil para estudiantes, padres y encargados.
“Es importante que nuestros estudiantes conozcan, de primera mano, quiénes y dónde residen estos ofensores sexuales por asuntos de seguridad. Es un mecanismo adicional de prevención que no tiene un gran costo y tiene el potencial de ser muy útil, no solo para los jóvenes sino también sus padres y tutores”.
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De acuerdo con la legislación vigente, las personas convictas por delitos sexuales no pueden acercarse a menores. Sin embargo, la falta de conocimiento por parte del menor o sus tutores podría ponerlos en contacto cercano con estos ofensores, lo que el proyecto busca prevenir.
Según datos más recientes, el Registro de Ofensores Sexuales incluye a 2,916 personas convictas, cuyo monitoreo está a cargo del Departamento de Justicia.
