La representante y presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Representantes, Tatiana Pérez Ramírez, anunció que ante el cierre repentino de Elite Academy en Bayamón presentará medidas para atender este tipo de situación.
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Pérez Ramírez indicó en declaraciones escritas que su hijo estudiaba en la academia que anunció el cierre de operaciones y expresó su solidaridad con las familias afectadas.
“Como madre, estoy dolida. Como educadora, estoy alarmada. Y como representante, estoy comprometida a tomar acción. Nadie nos preparó para recibir una carta notificando el cierre de una escuela después de haber depositado la confianza de la educación de nuestros hijos en una institución que debió tener la transparencia y la responsabilidad de informar con antelación. Esto no es justo”, expresó Pérez Ramírez.
Elite Academy, una escuela privada que por 18 años brindó servicios educativos en Bayamón, notificó su cierre definitivo el 1 de julio mediante una carta en la que informó que se acogerá a un proceso de quiebra.
La representante señaló que esta comunicación “ha dejado en el limbo a decenas de familias, estudiantes y maestros que ahora enfrentan la incertidumbre de tener que reubicarse sin tiempo para una transición adecuada”. Además indicó que algunas familias ya habían realizado pagos de matrícula, cuotas y uniformes para el próximo año escolar, sin saber que el colegio estaba por cerrar.
“Mi hijo es uno de los muchos estudiantes que asistía a esta institución con una beca deportiva. Hoy, no solo se queda sin escuela, sino sin la oportunidad que esa beca representaba. Hay un grupo completo de jóvenes atletas que se quedan en un espacio vacío, sin su equipo, sin su rutina, y sin el respaldo educativo que se les había prometido. No podemos permitir que esto se repita en ninguna parte del país”, añadió la representante.
Pérez Ramírez destacó que tanto las escuelas privadas como las de base religiosa cumplen un rol fundamental en el ecosistema educativo de Puerto Rico, pero lamentó que “actualmente no existan suficientes mecanismos legales que protejan a las familias ante cierres inesperados”.
La representante anunció que su equipo legislativo ya está evaluando propuestas concretas para atender esta deficiencia, incluyendo la posible radicación de legislación que:
- Establezca por ley un periodo de notificación mínima que las instituciones educativas privadas deberán cumplir antes de cerrar operaciones.
- Establezca responsabilidades claras sobre la entrega de expedientes y el reembolso de pagos realizados.
- Incluya a las escuelas iglesias bajo las mismas disposiciones de transparencia y cumplimiento.
“Mi compromiso es firme: esta experiencia no quedará en el vacío. Vamos a revisar nuestras leyes, escuchar a las familias afectadas y trabajar para evitar que otras personas pasen por lo mismo. Porque cuando hablamos de educación, hablamos del futuro de nuestros hijos, y eso no se negocia”, puntualizó.
