La empresa Physician Correctional confirmó que recibió este martes la notificación oficial del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) sobre la cancelación de su contrato para ofrecer servicios de salud en las cárceles del país.
También lee: Demanda federal al gobierno por despidos en caso de Hermes Ávila Vázquez
PUBLICIDAD
“Durante el día de hoy recibimos el documento presentado por el secretario de Correcciones, donde informa la cancelación del contrato y la posible apertura de un proceso de subasta para una nueva compañía que ofrezca los servicios”, indicó la empresa a Metro Puerto Rico.
Añadieron que el documento ya fue sometido a la división legal de Physician Correctional, “la cual está haciendo un análisis legal sobre el particular”, y que “inmediatamente se tenga un análisis sobre el documento enviado, Physician Correctional emitirá un comunicado oficial de prensa con las expresiones sobre lo ocurrido en el día de hoy”.
De hecho, en entrevista ayer con la emisora Magic 97.3, el secretario del DCR, Francisco Quiñones Rivera, había adelantado que notificarían prontamente a la empresa.
“Ya publicamos en nuestro portal la convocatoria de reclutamiento para esos servicios. Vamos a estar pendientes de las personas que van a solicitar por si Physician cambia de nombre o crea otra corporación. El aviso que enviaremos hoy es para anunciarles que en los próximos 30 días se cancelará si tenemos un nuevo suplidor. Tenemos que darle un aviso de 30 días”, declaró el funcionario.
El contrato actual con Physician Correctional, vigente hasta septiembre de 2028, asciende a unos $12 millones anuales.
PUBLICIDAD
Demanda federal al gobierno por despidos en caso de Hermes Ávila Vázquez
Dos exempleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) demandaron al gobierno de Puerto Rico y a la exsecretaria de la agencia, Ana Escobar Pabón, al alegar que fueron despedidos injustamente tras el asesinato de una mujer a manos del convicto asesino, Hermes Ávila Vázquez, cuando había sido liberado bajo pase extendido.
Según la demanda radicada en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico el 27 de junio, Julissa Beauchamp Ríos y Jimmy de Jesús Colón sostienen que fueron utilizados como “chivos expiatorios” para proteger a otros funcionarios y contratistas del DCR, en particular al proveedor de salud Physician Correctional, cuyos médicos certificaron al confinado Ávila Vázquez como parapléjico antes de su excarcelación.
Lee la nota completa aquí: Demanda federal al gobierno por despidos en caso de Hermes Ávila Vázquez
