Dos exempleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) demandaron al gobierno de Puerto Rico y a la exsecretaria de la agencia, Ana Escobar Pabón, al alegar que fueron despedidos injustamente tras el asesinato de una mujer a manos del convicto asesino, Hermes Ávila Vázquez, cuando había sido liberado bajo pase extendido.
Según la demanda radicada en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico el 27 de junio, Julissa Beauchamp Ríos y Jimmy de Jesús Colón sostienen que fueron utilizados como “chivos expiatorios” para proteger a otros funcionarios y contratistas del DCR, en particular al proveedor de salud Physician Correctional, cuyos médicos certificaron al confinado Ávila Vázquez como parapléjico antes de su excarcelación.
Ávila Vázquez, quien cumplía 122 años de cárcel por asesinato, secuestro y agresión sexual, fue liberado en abril de 2023 tras una evaluación médica y vivía bajo supervisión en la libre comunidad. Un año después, en abril de 2024, asesinó a Ivette Meléndez Vega, lo que provocó una investigación legislativa y amplia cobertura mediática.
Despido tras felicitaciones
La demanda alega que, tras el crimen, altos funcionarios del DCR, incluyendo al director del programa de desvío comunitario y a la directora de la Unidad de Servicios y Programas, felicitaron a Beauchamp Ríos por su manejo del caso.
Sin embargo, semanas después, ambos empleados recibieron cartas de despido firmadas por Escobar Pabón, acusándolos de “negligencia crasa” que afectó el buen nombre de la agencia.
Según se alega en el recurso legal, la secretaria les dijo directamente que su despido obedecía a motivos políticos. Se plantea que supuestamente la exfuncionaria les admitió que el asunto había tenido demasiada publicidad y tenía que proteger a los doctores de Physician Correctional, con vínculos con el Partido Nuevo Progresista. Añade el relato que alegadamente Escobar verbalizó que ambos eran afiliados al Partido Popular Democrático (PPD) y no del PNP. Se plantea que la exfuncionaria les habría dicho que la soga siempre parte por lo más finito.
Reclaman reinstalación y compensación millonaria
La demanda reclama reinstalación inmediata a sus puestos y daños compensatorios y punitivos ascendentes a un millón de dólares por cada causa de acción, pues alegan les violaron sus derechos constitucionales y les causaron daño emocional, angustia mental, pérdida de ingresos y discrimen político. Esto sumaría a $5 millones.
“Ambos sufrieron humillación, dolor, angustia y pérdidas económicas como resultado de un despido arbitrario motivado por su afiliación política”, argumenta la demanda, que solicita además un juicio por jurado.
El confinado Ávila Vázquez fue supervisado inicialmente por De Jesús Colón, pero su expediente no indicaba que era agresor sexual. Posteriormente el caso pasó a Beauchamp Ríos, quien estaba a cargo de la Unidad Especial de Agresores Sexuales, supervisando 56 casos en 10 pueblos, sin recibir instrucciones especiales sobre el confinado, según la demanda.
Ávila Vázquez había sido certificado como parapléjico por los médicos contratados del DCR, condición que alegadamente influyó en su liberación. El Senado tuvo vistas públicas tras el asesinato, en las que la secretaria Escobar Pabón minimizó la responsabilidad de los médicos contratistas, apunta la demanda.
Actualmente el DCR ha indicado que trabajan en cancelar el contrato de Physician Correctional. La familia de Ivette Meléndez Vega también demandó al gobierno de Puerto Rico por la liberación de Ávila Vázquez que culminó en el asesinato de la mujer.
